El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no tiene la más mínima intención a día de hoy de prorrogar el estado de alarma, que dejará de ser efectivo el próximo 9 de mayo. Esta decisión está siendo afeada por los partidos de la oposición y en los últimos días también por Unidas Podemos. «Tendrá que haber prórroga», comentan diversas fuentes parlamentarias de Podemos, advirtiendo que debería mantenerse 15 días para llegar a un acuerdo menos atropellado sobre el plan de desescalada.
La mala noticia para Sánchez es que está quedándose sin apoyos en su idea de finiquitar el estado de alarma. El Gobierno quiere que sea efectiva la cogobernanza y que las comunidades autónomas decidan bajo el aval de los tribunales superiores de Justicia de cada región. Pese a todo, las comunidades no dispondrán de los instrumentos jurídicos válidos para restringir la movilidad, como los cierres perimetrales o toques de queda, aunque si podrán acotar las reuniones, aforos y horarios de los locales comerciales.
Sánchez asegura que las CCAA tienen los suficientes instrumentos legales para gobernar
Sánchez continúa insistiendo en que los cierres perimetrales se pueden decretar de manera independiente. Amparándose en la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, se explica que esta serviría para decretar dichos cierres y reclamar la autorización judicial, como sucedía antes de que se decretara el último periodo de estado de alarma. El líder del Ejecutivo se remitía a esta posibilidad hace unos días desde la tribuna del Congreso, afirmando que las comunidades autónomas tienen la capacidad suficiente para enfrentarse a los rebrotes de Covid que puedan surgir.
«No se puede poner en manos de las comunidades autónomas una serie de restricciones sin ningún tipo de control por el poder judicial. Ni podemos ni debemos, eso sí puede ser un retroceso en la calidad democrática del país», aseguraba el presidente del Ejecutivo. «300 días de estado de alarma en que les hemos ofrecido una modificación legal. Su vicepresidenta se comprometió a ello en el Senado y conmigo telefónicamente», le contestaba el líder de la oposición, Pablo Casado, haciendo hincapié en el desconcierto del Ejecutivo respecto a este asunto.
«Retirar el estado de alarma es una temeridad»
Aitor Esteban, el portavoz del PNV en el Congreso, cargaba así contra el planteamiento de Pedro Sánchez: «Retirar el estado de alarma es una temeridad. No es cierto que las CCAA cuentan con los instrumentos suficientes, ni aunque lo apruebe por unanimidad el Consejo Interterritorial». Además, Esteban solicitó «modificar la legislación ordinaria» para que las comunidades dispongan de «un marco adecuado».
Por otro lado, Pablo Echenique, portavoz de Unidas Podemos, no quiso opinar sobre el alargue del estado de alarma y tan solo criticó «cómo funciona la praxis política y las prácticas discursivas» de la extrema derecha. Pese a todo, en Podemos cuestionan el plan de Sánchez y ya se lo han hecho saber en privado.
¿Habrá un giro en la decisión de Pedro Sánchez tras el 4-M?
Lo sabido es que fuentes próximas al mando del grupo confederal creen que el anuncio del presidente del Gobierno español de no alargar más el estado de alarma estaría sobrevenido por la campaña electoral madrileña y ven serias opciones de que cambie de opinión tras el 4-M. En caso de que Pedro Sánchez modifique su discurso tras los comicios de la Comunidad de Madrid, el líder del Ejecutivo tendría que llevar a cabo un trámite de forma inminente.
El Consejo de Ministros tendrá que reunirse, para a continuación aprobar el decreto ley, enviar toda la documentación al Congreso de los Diputados, la Mesa del Congreso hacerla saber a los grupos parlamentarios y estos presentar resoluciones.