Tras semanas de negociaciones y mucha tensión, el Gobierno de Pedro Sanchez enviará a Bruselas su plan para recortar las pensiones. Así lo ha decidido el presidente, a pesar del rechazo de Podemos a la propuesta del ministerio de Seguridad Social que dirige José Luis Escrivá. Sánchez podría necesitar a la oposición para sacar adelante las medidas.
Algunas iniciativas como aumentar el período de cálculo de las pensiones de 25 a 35 años cuentan con el rechazo tanto de Podemos como del bloque de legislatura, lo que obligará a Pedro Sánchez a buscar apoyos en los partidos de la derecha.
En el Consejo de Ministros de ayer se dejó notar una semana más el mal ambiente. Podemos no acudió a la rueda de prensa para valorar el decreto antidesahucios, y Pablo Iglesias colgó un vídeo en redes sociales colgándose la medalla por su «cabezonería». Una alusión directa a la ministra de Hacienda, que la semana pasada le pedía que no fuera «cabezón» en los pasillos del Congreso.
La ley antidesahucios y los cortes de suministros han sido los principales puntos de fricción en el seno del Gobierno. A ello se suma la subida del salario mínimo profesional. El entorno de Pedro Sánchez asegura que el presidente cada vez está más cansado de ceder ante Iglesias,y en este contexto ha aparecido la polémica en torno a las pensiones.
El sector del Gobierno que lidera Pablo Iglesias es contrario a tomar cualquier medida que suponga una pérdida de poder adquisitivo para los pensionistas. Pero el sector económico, que lideran la viceministra económica Nadia Calviño, y el ministro Escrivá, le recuerdan las exigencias de Bruselas a cambio de las ayudas del plan de recuperación europeo.
Desde un principio estaba claro que los 140.000 millones de euros comprometidos por la Unión Europa con España no saldrían gratis. Bruselas pide reformas estructurales en el mercado laboral y en el sistema de pensiones. Además, el ministro Escrivá viene alertando desde hace meses de la insostenibilidad del sistema y la necesidad de hacer reformas.
La discusión podría haber terminado con el puñetazo encima de la mesa de Pedro Sánchez, que ha decidido enviar a Europa el plan de reforma de las pensiones. Se trata de un borrador que incluye la ampliación de diez años del cómputo de cálculo, que implicaría una rebaja media de las pensiones de un 5,45%.
Crisis a la vista
La noticia ha causado indignación en las filas de Podemos, que advierten que la rebaja media de las pensiones contradice el acuerdo de coalición firmado por PSOE y Podemos al inicio de la legislatura. También acusan a Escrivá de defender una cosa en el Pacto de Toledo y hacer la contraria en el Gobierno.
El enfado en Podemos es monumental. Acusan a Pedro Sánchez de haberles dejado al margen con la intención de contentar a Bruselas con una contención de gasto a cambio de los fondos de recuperación. Por eso se plantean incluso votar en contra de la medida si finalmente llega al Congreso.
Si esto se acaba produciendo, estaríamos ante la escenificación definitiva de la fractura en el Gobierno de coalición. Sin el apoyo de Podemos ni de los partidos que apoyan al Gobierno, Sánchez tendría que confiar entonces con el centro-derecha, PP y Ciudadanos, que aun así podrían rechazarlo para dejar hacer más profunda la crisis de gobierno.
En el Gobierno no ha sentado nada bien que Podemos intente capitalizar algunas medidas y por otro lado airee las desavenencias en el seno del Ejecutivo. «Estamos trabajando más allá de que alguien se haga padre o madre de alguna medida», declaró la portavoz María Jesús Montero, en clara alusión a la formación morada.
Presión a Yolanda Díaz
La decisión de Pedro Sánchez de enviar el «plan Escriva» de las pensiones a Bruselas es un intento más de atar en corto a Pablo Iglesias. Pero además, el presidente presiona a Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, para que asuma la congelación de los salarios.
Sánchez respalda la idea de Nadia Calviño de impedir una subida del salario mínimo a finales de año, hasta que la situación económica mejore. La ministra de Trabajo se encuentra en plena negociación con los agentes sociales, y aunque Podemos ya lo daba por hecho, Sánchez le pide que asuma la congelación ante patronal y sindicatos, y ante los medios.
Una vez más, Podemos entiende que se trata de una medida recogida en el acuerdo de coalición, y se niega a renunciar a la subida. Por el contrario, la portavoz, María Jesús Montero, ha deslizado públicamente que la medida no saldrá adelante: «Tenemos que actuar con prudencia en el marco del diálogo social». Se acercan días duros en Moncloa.