El Gobierno aprobará hoy el decreto antidesahucios. Después de varias semanas negociando, Pablo Iglesias ha conseguido convencer a Pedro Sánchez para que el decreto-ley salga adelante, y será aprobado hoy en Consejo de Ministros, aunque con matices importantes: la prohibición de desahucios solo se aplicará en el caso de dependientes y víctimas de violencia de género.
Según el decreto-ley que se aprobará hoy, la norma no se aplicará a las ocupaciones sin contrato que se produzcan después de la aprobación, y en las que se hayan producido antes, solo en el caso de personas vulnerables dependientes, víctimas de violencia de género o personas que tengan a su cargo otras personas dependientes o menos de edad.
El ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana aclara que el nuevo decreto prohibirá echar a los inquilinos vulnerables mientras dure el estado de alarma, siempre que exista un contrato de arrendamiento. Sin ese contrato, dependerá del tipo de propietario. Si es un particular, se podrá ejecutar el desahucio, pero en el caso de un propietario con más de 10 inmuebles, solo se prohibirán si los ocupantes son personas dependientes, víctimas de violencia de género o personas que tienen a su cargo otros dependientes o menores.
Si se da el caso, debe solicitarse un informe a los servicios sociales para valorar la situación económica y social de la familia en cuestión. Los servicios sociales tienen que acreditar la vulnerabilidad y, en ese caso, el juez decretará la suspensión del desahucio durante tres meses hasta encontrar una solución habitacional alternativa.
En el caso de que no se encuentre una alternativa durante ese tiempo o no resuelva el informe de vulnerabilidad, los propietarios tienen derecho a una compensación. Para ello tienen que acreditar que la situación les ha causado un perjuicio económico. El derecho de compensación quedará regulado en otro decreto específico, pero se calculará sobre el valor medio de los precios de la zona. Si no se acredita la vulnerabilidad del ocupante, el desahucio seguirá su curso.
Por otro lado, el decreto-ley recogerá excepciones a la suspensión del desahucio. No se parará el desahucio si la vivienda es la residencia o segunda residencia del propietario o cuando una persona jurídica haya cedido la vivienda a una persona física. Tampoco se pararán los desahucios cuando la entrada se haya producido con intimidación o violencia, o cuando se utilice el inmueble para actividades ilícitas.
La ley también justifica los desahucios en los casos en los que la entrada en el inmueble se haya producido después de la aprobación del real decreto. Según el ministerio, «queríamos articular un sistema de mayor protección y evitar que, además de la emergencia sanitaria, algunas personas sufran una situación de vulnerabilidad añadida».
El Gobierno tranquiliza a los propietarios
La aprobación del real decreto hoy es vista por Unidas Podemos como un éxito, tras las muchas discusiones que ha suscitado en el seno del Gobierno. Uno de los motivos ha sido la inseguridad jurídica que introducían algunas de las medidas antidesahucios, además del enfrentamiento por el corte de suministros.
La propuesta inicial preveía la suspensión de los desahucios en el caso de que los grandes propietarios, pero estos advirtieron de los problemas legales y avisaban de que supondría un atentado contra el derecho a la propiedad y la tutela judicial efectiva. Para evitar una oleada de demandas, el ministerio frenó la aprobación de la norma bajo el asesoramiento de los departamentos de Economía y Justicia.
Durante este tiempo se han buscado fórmulas alternativas para encontrar una solución viable. El ministerio parece haber dado con la solución y aprobará hoy el decreto ley. El ministerio señala que la seguridad jurídica es un valor para unos y otros, y ha garantizado a los propietarios el respeto a la propiedad privada.
La forma definitiva de la ley quiere evitar el efecto llamada a las okupaciones, tal y como temían los propietarios. Una de las más reacias a la ley era Navida Calviño, vicepresidenta económica, que ha afirmado que «el Gobierno ha estado trabajando todo el fin de semana para lograr un texto que aúne el difícil equilibrio entre la protección de los colectivos más vulnerables y la protección de la seguridad jurídica de todos los ciudadanos».