La madre de las pequeñas Anna y Olivia sigue manteniendo la esperanza de que sus dos hijas sigan vivas, a pesar de que los indicios son cada día más próximos a que el padre, Tomás Gimeno, podría habérselas llevado fuera de España. El portavoz de la mujer, Joaquín Amills, presidente de 'Sos Desaparecidos', apunta claramente al supuesto de una «sustracción parental».
¿Qué es una sustracción parental?
Adriana de Ruiter, presidenta de la 'Asociación de abogados contra la Sustracción Internacional de Menores' en España, explica en 'Nius' qué significa la sustracción parental. «Se produce cuando uno de los dos progenitores se lleva al menor o menores de su sitio habitual de vida (ya sea dentro del país o al extranjero) sin el consentimiento del otro».
Además, la experta apunta que no es lo mismo una sustracción civil que una penal. «Para que sea penal es necesario que el que se lleva a los niños lo haga sin autorización del que tiene la custodia por sentencia judicial. Solo en ese caso se consideraría delito y solo en ese caso se podría aplicar la pena de prisión de dos a cuatro años y quitarle la patria potestad durante un tiempo al progenitor que se ha saltado la ley, según recoge el artículo 225 bis del Código Penal», asegura la abogada.
Los expertos aclaran si lo que ha hecho el padre de Anna y Olivia es delito
En relación a este caso concreto de Tomás y sus hijas, la abogada aclara los términos del mismo: «En el caso de Tenerife estaríamos hablando de una sustracción parental civil, ya que no existe ninguna sentencia de separación. No habían formalizado su separación, así que Jimeno no habría incumplido ninguna resolución judicial. No se podría considerar delito, ya que con los datos que tenemos, aún no sabemos realmente lo que ha hecho», confiesa.
«De aparecer con las niñas sanas y salvas, que ojalá sea así, el caso tendría que ser resuelto por vía civil. Si se da esta situación y se les localiza en algún país extranjero, en cuanto la madre tuviera conocimiento del paradero de sus hijas podría iniciar los procedimientos civiles de retorno, según establece el Convenio de la Haya. Beatriz, la progenitora, tendría que viajar hasta el país que fuera e iniciar allí esos trámites y la justicia de ese país obligaría a retornar a las niñas a España. Una vez aquí, un juez tendría que decidir si tienen que estar con el padre o con la madre», relata.
A la pregunta de qué delitos podría haber cometido Tomás al llevarse a sus hijas, «quizás podría encausársele por un delito de coacciones o de maltrato psicológico contra la madre, pero es adelantarse a los hechos, hasta que no se conozca realmente lo que ha sucedido no nos podemos aventurar. Lo que sí se puede asegurar a día de hoy es que una sustracción penal no es», sentencia la abogada.
«Tomás podría irse de rositas»
«Es algo de lo que nadie habla», confiesa Javier Somoza, presidente de NISDE, una asociación española que hace frente al serio problema de la sustracción parental. «Con el terrible daño que se le está haciendo a esa madre, de aparecer, Gimeno podría irse de rositas. Al existir entre los padres solo una separación verbal no está cometiendo ningún delito por llevarse a sus hijas, ni siquiera está considerado como una falta», expone.
Somoza explica lo habitual que son este tipo de casos en España. «En nuestra asociación vemos muchos casos así. Y aunque es cierto que si se les localizara en el extranjero el Convenio de la Haya obligaría al retorno de los menores, la realidad es mucho más compleja. La mayoría de los padres no tienen recursos económicos para viajar hasta allí e iniciar los trámites necesarios. Costearse el viaje, la estancia, el abogado, la traducción de todos los documentos. Estamos hablando de miles y miles de euros, unos costes altísimos que mucha gente no puede asumir», desvela el experto.
Finalmente, el entrevistado apunta que «otro tema terrible es que en la inmensa mayoría de los casos de desaparición de niños, cuyo causante es uno de sus dos progenitores, pueden pasar años para que los tribunales arbitren medidas que debieran ser inmediatas. En este caso sí hay una orden internacional de búsqueda, pero casi nunca se emite. Miles de menores se quedan en manos del presunto infractor de manera impune. Esto se traduce en miles de niños desaparecidos sin que se legisle para evitarlo», se lamenta el presidente de NISDE.