Hasta ahora, el Gobierno de Pedro Sánchez ha intentado hacer todo tipo de equilibrios para hacer compatibles las medidas sociales con las reformas exigidas por Bruselas. Pero tras la reforma del sistema de pensiones y la prórroga del salario mínimo interprofesional, los sindicatos estudian movilizaciones para el arranque de 2021.
En UGT y CCOO están que trinan. El plantón del Gobierno a la reunión planeada ayer para abordar la subida del salario mínimo ha sido la gota que ha colmado el vaso, y los sindicatos preparan un «invierno caliente».
A pesar del malestar social por el hundimiento de la economía y el fracaso de algunas ayudas como el ingreso mínimo, hasta ahora los sindicatos han estado tranquilos. Por un lado, daban al Gobierno de coalición un margen de confianza, y por otro lado, veían como una declaración de buena intenciones la estrategia de Moncloa de fomentar el «diálogo social».
Pero las últimas decisiones del Gobierno han acabado por hartar a los sindicatos, que temen que las ayudas y el diálogo social sean solo una máscara para esconder sus verdaderas intenciones: contentar a Bruselas e imponer la austeridad. A pesar de algunos pequeños triunfos, el sector conservador del Gobierno se ha impuesto en todas las grandes cuestiones.
La decisión del Gobierno de no subir los salarios por ahora ha sido la gota que ha colmado el vaso. Sobre todo porque La Moncloa había citado a los sindicatos para abordar una subida mínima, de 9 euros, y finalmente suspendió el encuentro. Los sindicatos creen que Sánchez está cediendo a las presiones de Bruselas para recibir los 140.000 millones de euros de los fondos de reconstrucción.
El Gobierno quiere frenar al máximo el ritmo de gasto, pero España se encuentra en una situación crítica que están pagando millones de trabajadores afectados por el paro y los ERTE. Las dificultades por contener las sucesivas oleadas de la pandemia se está convirtiendo en un calvario para muchas pequeñas y medianas empresas que, ante los continuos cierres, se ven abocadas a los despidos temporales o al cierre definitivo.
Hay sectores especialmente damnificados, como el de la hostelería, restaurantes y comercios, que también han anunciado que emprenderán medidas legales contra el Gobierno de Pedro Sánchez. A todo esto se le añade el colapso de los servicios públicos de empleo que retrasa el cobro de ayudas esenciales para la supervivencia de muchos españoles.
Otro de los motivos de enfado de los sindicatos es la reforma de las pensiones. La intención del Gobierno de ampliar el período de la base de cálculo, que supondría una pérdida de poder adquisitivo de los pensionistas, se suma a otras decisiones, como alargar la edad de jubilación, que rompe el consenso social en torno a las pensiones.
Guiño del Gobierno a los empresarios
La conclusión de los sindicatos es que la crisis la están volviendo a ganar los ricos y la van a pagar, una vez más, los trabajadores. Por eso han decidido volver a salir a la calle. Las protestas podrían comenzar en febrero, según fuentes sindicales, e irían subiendo de intensidad en función de la respuesta del Gobierno.
El secretario general de CCOO, Unai Sordo, avisó hace pocos días que la subida del salario mínimo era innegociable. «El SMI debe actualizarse para enero de 2021», señaló, y se mostró dispuesto a negociar el ritmo de la subida pero en ningún caso a aceptar la congelación.
Sin embargo, se ha impuesto el sector conservador del Gobierno, con la vicepresidenta económica Nadia Calviño al frente, que creen que es el momento de hacer un guiño a los empresarios y mandar un mensaje claro de compromiso con Bruselas. El Gobierno ha anunciado que no habrá una subida inminente del salario mínimo interprofesional.
Destrucción del empleo
Gobierno y patronal recuerdan que en los últimos años ha habido una subida continuada de los salarios que sitúa a España como tercer país de Europa con mayor incremento. En un estudio, la patronal de las pequeñas y medianas empresas (Cepyme) y la agencia de empleo Randstad advierten de las consecuencias que tendría una subida de los salarios ahora.
Según sus cálculos, subir el salario de los 950 a los 1.000 euros supondría una destrucción de entre 85.000 y 135.000 puestos de trabajo los próximos dos años. También especifica que los jóvenes y los empleados con menos cualificación se llevarían la peor parte. Para ellos, dice, «será más difícil encontrar empleo o conservar el que tienen».
Los empresarios recuerdan que «el año 2020 puede cerrar con una pérdida de más de un millón de empleos, entre la caída de la afiliación y los empleos aún están en ERTE». Pero es un pez que se muerde la cola, y este es precisamente el argumento de los sindicatos para exigir más sensibilidad al Gobierno con la desastrosa situación de los trabajadores en España.