El Gobierno central trabaja en la puesta a punto de un nuevo plan de pensiones público. Contaría con una buena fiscalidad y comisiones más reducidas. Supondrá, sin lugar a dudas, un golpe definitivo a los planes privados de jubilación que en la actualidad tienen muchos trabajadores, familias y pymes.
Se trata de una propuesta del ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá. En vista de los graves problemas que afectan al sistema público, con riesgo de agravarse a corto plazo, ha puesto en marcha esta iniciativa. Busca con ello encontrar una herramienta que permita universalizar el ahorro para la retirada.
Este superfondo será gestionado por el ministerio, empresarios y sindicatos, que cobrarán por ello. De momento, el borrador de este plan de pensiones público ya se negocia en el diálogo social.
Lo que se pretende con esta apuesta es dar un impulso definitivo a los planes de pensiones de empresa. Que puedan servir para complementar en el futuro la prestación tras alcanzar la jubilación. No hay que olvidar, que el Estado contempla una caída en el precio de las pensiones a largo plazo.
Entienden que se hace necesario ofrecer unos sistemas alternativos a trabajadores por cuenta propia, pymes y jóvenes. Dicho superfondo estaría compuesto a su vez por tres macrofondos de pensiones.
Para captar la atención de la población quieren ofrecer unas comisiones más bajas. De esta manera, las comisiones devengadas por la compañía gestora no pueden rebasar el 0,4%. La cifra bajaría hasta el 1% para las entidades depositantes.
Esto supone que el máximo no podrá superar el medio punto, que es el límite que tienen en la actualidad los planes de empresa. Los planes individuales de pensiones alcanzan el 1,24%.
Los planes privados, en el aire
Con todo esto, los grandes perjudicados serán los planes de pensiones privados. El Ejecutivo tiene claro que deben desincentivarlos. De ahí su apuesta por ofrecer unas menores comisiones y una mejor fiscalidad con el superfondo.
Hay una serie de medidas por parte del Gobierno que les han ido castigando. Para el próximo año, la cantidad que se podrá aportar a los planes de pensiones individuales se reducirá a los 1500 euros anuales.
Pero el recorte ya se empezó a notar este ejercicio, cuando redujeron la aportación de 8000 a 2000 euros. Por su parte, las enfocadas a los planes colectivos de empresas se revisarán al alza. El próximo curso pasarán de los 8000 a los 85000 euros.
Estas medidas han caído como un jarro de agua fría en una parte importante de la población. Sobre todo entre los autónomos, pymes y familias, que habían confiado sus ahorros en estos planes privados. Siempre pensando en tener un complemento económico en el momento de la retirada laboral.
Los planes del ministro Escrivá tienen muchas opciones de salir adelante. Para ello precisa contar con el respaldo de patronal y sindicatos. De momento ya les ha enviado a estos actores el borrador del proyecto de ley.
Tiene muy claro quién debe controlar estos planes públicos. En un principio se crearía una comisión compuesta por 17 personas, de los cuales 9 serían designados por el Ministerio de Seguridad Social. Cuatro de ellos por las organizaciones empresariales y otro cuatro por los sindicatos.
Como es lógico, todos ellos recibirán una retribución por ello, que será variable.
Las arcas del Estado tendrán que asumir a partir del próximo 1 de enero una nueva subida en las pensiones de 8,8 millones de españoles. Estará condicionada por el incremento del IPC, y lo más probable es que se cierre el año con el 2,3%.
Esto supondría un aumento en las pensiones de 23,8 euros mensuales, lo que elevaría la prestación media hasta los 1060 euros. Las prestaciones mínimas, al igual que las no contributivas, lo harían un 3%.
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