En su lucha contra el coronavirus las comunidades han visto como le surgía un nuevo enemigo, la justicia. Los tribunales se han encargado de echar para atrás algunas de las medidas que pretendían implantar las administraciones.
Entre ellas barajaban los cierres perimetrales, las limitaciones horarias o reducir el número de personas en una reunión. Se tratan de derechos fundamentales que precisan de una autorización judicial para sacarlas adelante.
Cuando la justicia decide rechazar estos planteamientos es porque no las considera suficientemente justificadas. Tampoco las ven convenientes para determinados territorios.
Ante todo esto, los gobiernos autonómicos están viendo frenados sus intentos de frenar la quinta ola.
En las últimas semanas también han comprobado como los tribunales eran contrarios al uso del certificado covid. Era una opción que manejaron algunos territorios como instrumento para contener los positivos. Dicho pasaporte estaba pensado para entrar en negocios de hostelería y de ocio nocturno.
Las comunidades que apostaron ello vieron como sus planes se esfumaban en muy poco tiempo. Galicia, Cantabria, Andalucía y Canarias se chocaron de frente contra la justicia una vez más.
Lamentan que se estén quedando sin medidas para actuar contra el coronavirus. La situación continúa siendo preocupante en todo el país. La incidencia continúa a la baja, pero en las unidades de cuidados intensivos la ocupación sigue siendo elevada.
El pasado miércoles el número de fallecimientos fue de 144 personas, la cifra más alta desde mayo. Un dato preocupante que invita a tomar medidas. Lo adecuado sería trabajar en reducir la tasa de positividad con vistas a septiembre.
En unas semanas volverá la actividad a los centros educativos, y muchas personas volverán a sus puestos de trabajo. Controlando el coronavirus será la única manera de frenar la pandemia, que sigue todavía al alza. Por suerte, el porcentaje de población vacunada se va aproximando cada vez más al 70% que deseaba el Gobierno.
El papel de los tribunales en estos casos
Las comunidades han mostrado su malestar ante las decisiones tomadas por los jueces. Es el caso de la Generalitat, que no vio con buenos ojos la última medida del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Optaron por alargar una semana más el toque de queda en solo 19 municipios de los 148 que el Ejecutivo había propuesto.
La consejera de Presidencia, Laura Vilagrà fue muy clara al respecto. Entiende que los magistrados "no deberían hacer de epidemiólogos". La resolución del TSJC deja fuera de las limitaciones de movilidad nocturna a las principales ciudades de la comunidad.
Esto obligará a las autoridades a buscar otras alternativas. La justicia ha decidido mantener el límite de reuniones a diez personas durante siete días naturales. Las nuevas órdenes entrarán en vigor a partir de la medianoche de este viernes.
En Castilla-La Mancha, las alternativas propuestas para los centros de mayores también se han visto negadas por parte del Tribunal Supremo. Querían que los trabajadores se sometieran a pruebas regulares de coronavirus.
Según la justicia, esta petición carecía de la suficiente información para que los jueces pudieran realizar un juicio de proporcionalidad sobre esta medida. Entienden que afecta a la intimidad de las personas.
En Andalucía, por su parte, las autoridades sanitarias reclamaron la restricción de la libertad de movimientos en horario nocturno. En concreto de 2:00 a 7:00 en cuatro municipios, tres de ellos en Jaén y uno en Sevilla. Las nuevas medidas no entrarán en vigor hasta que no cuenten con el visto bueno de los tribunales.
Mientras tanto, el resto de territorios de España continúan trabajando en contener la pandemia. Evitan en la medida de lo posible todo tipo de fiestas y actos en los que pueda haber aglomeración de gente.