Desde que se inició el gobierno de coalición es sabido que ha habido tensiones entre las dos partes que forman el actual ejecutivo. No son pocas las ocasiones en las que han chocado diferentes ministros de los partidos que la conforman: PSOE y Unidas Podemos. Y lo han hecho en muchas ocasiones en temas tan sensibles, y en los que podría parecer que deberían estar de acuerdo, como las pensiones o el salario mínimo.
Precisamente, este último fue uno de los últimos puntos de desencuentros entre dos de los ministros; la de Trabajo, Yolanda Díaz, y el de Seguridad Social, José Luis Escrivá. Finalmente, hay quien asegura que se cumplió la voluntad de este último y de la patronal y que por eso se congeló este 2021 manteniéndose en 950 €.
Aunque finalmente, se podría dar el caso que tuvieran que rectificar esta situación, y es más, el incremento podría ser mucho más sustancial que lo que planeaba el Gobierno. Y no por voluntad del ejecutivo sino por una orden venida directamente desde Bruselas.
Y es que la Comisión Europea estaría estudiando una nueva normativa que regule el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) obligando a subirlo a la mayoría de los países miembros. Lo que estaría en mente del organismo presidido por Úrsula Von der Leyen es que el SMI de cada país represente el 60% del sueldo mediano o el 50% del sueldo medio. Esto podría suponer que en España el salario mínimo pudiera quedar fijado en unos 1.200 euros.
Estos criterios aunque suenen similares no lo son. Mientras el sueldo medio se calcula con una fórmula sencilla: la suma de todos los salarios de una zona dividida por el número de asalariados, el sueldo mediano no utiliza una proporción. Como indica su nombre toma como referencia la formula matemática de la mediana, por lo que se establece el salario que se encuentra justo en medio de una lista, que no tiene por qué ser el mismo que un promedio.
Esta nueva medida ha sido explicada por las eurodiputadas Alicia Homs, de la Alianza de Socialistas y Democratas (S&D), y Rosa Estaràs, del Partido Popular Europeo (PPE). Las dos han participado en un encuentro en la Oficina del Parlamento Europeo y la Representación de la CE en Barcelona y han diferido en las cantidades en que podría quedar fijado el SMI. Mientras la socialista habla de 1.200, la popular lo elevaba a 1.400.
Cada estado podrá escoger que criterio aplica
En el encuentro también ha participado el director de la Dirección General de Ocupación, Asuntos Sociales e Inclusión de la CE, Jordi Curell. Este ha insistido que los gobiernos podrán escoger entre los dos criterios comentados. Además añadía que «no intenta armonizar el SMI de todos los países, ni fijar un mecanismo obligatorio, ni impone la introducción de un SMI en los países que no lo tienen actualmente».
Curell ha recordado que ya hay países como España que tienen otros criterios como «la evolución del poder adquisitivo o el nivel y distribución de los sueldos más allá del SMI o la productividad». Pero dejaba claro que el objetivo es «acabar con el fenómeno de los trabajadores pobres en la UE».
Posiciones dispares entre las dos eurodiputadas
Tanto Homs como Estaràs han hecho una valoración de la medida que muestra las posiciones dispares sobre este asunto de las dos principales fuerzas del país. La eurodiputada popular mostraba su poca fe en que se pueda regular este asunto desde Europa. «Lo convertiría en jurisdicción de la CE y los estados suelen ser reacios a ceder soberanía», afirmaba Laura Estaràs.
Además esta añadía que «el diálogo social no ha existido» y que por parte de las organizaciones empresariales no se aceptará esta norma como obligatoria. Por su lado la eurodiputada socialista se centraba en valorar como beneficiará a mujeres y jóvenes «los más afectados por los salarios bajos» y califica de una oportunidad en tiempo de crisis, tomar este tipo de medidas.