El ministerio de Trabajo impulsó hace unas semanas las negociaciones con agentes sociales para aprobar una subida del salario mínimo interprofesional antes de que acabara el año. La intención era aprobar la medida hoy, en el último Consejo de Ministros del año, pero al final el Gobierno ha decidido aplazar la medida, al menos hasta el año que viene.
El Consejo de Ministros reunido hoy ha anunciado una prórroga del salario mínimo, fijado en 950 euros mensuales en 14 pagas, para ampliar el margen de negociación con la patronal y los sindicatos. La prórroga no supone una congelación, según el Gobierno.
Según fuentes oficiales, el salario mínimo interprofesional se mantendrá en 950 euros pero se seguirá negociando la subida en las próximas semanas. Una de las razones es que se quiere dar seguridad jurídica a los trabajadores afectados por el salario mínimo, que podrían quedar en un limbo a partir del 31 de diciembre.
La negociación sigue encallada. Los sindicatos advierten que no aceptarán una congelación aunque están dispuestos a negociar el ritmo de la subida. La patronal, sin embargo, se muestra contraria a un aumento y cree que conllevará más despidos en plena crisis. El Gobierno, como decisión salomónica, propone una subida simbólica, del 0,9%, es decir, 9 euros.
Ante la falta de un acuerdo, el Gobierno de Pedro Sánchez ha propuesto un aplazamiento, como ya hizo el Gobierno socialista en funciones en 2019. Tras semanas de negociaciones, el 30 de enero se alcanzó un acuerdo que llevó a una subida del 5,5%, hasta los 950 euros, y que se empezó a aplicar en febrero.
Posiciones enfrentadas
En la subida que propone ahora el ministerio de Trabajo hay un enfrentamiento claro entre los agentes sociales, pero también dentro del Gobierno de coalición. El sector de Unidas Podemos liderado por Pablo Iglesias presiona para que haya una subida, aunque sea simbólica, como un gesto a los trabajadores en un momento de crisis.
La posición de Podemos coincide con las demandas de los sindicatos, que recuerdan que la subida va en consonancia con el objetivo de llegar al SMI de 1.200 euros y ponerse al nivel de otros países de Europa.
Pero el sector conservador, liderado por la vicepresidenta Nadia Calviño y el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, defiende la congelación de los salarios hasta que la situación económica mejore. Comparten la tesis de los empresarios de que una subida destruirá empleo y frenará la ocupación. Pero además, quieren utilizar la congelación para lanzar un mensaje de austeridad a Bruselas.
Sánchez apoya a Nadia Calviño
El ministerio de Trabajo, liderado por Yolanda Díaz, incide en la importancia de subir el salario a los que menos ganan. En esta refriega, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha puesto del lado del sector de Nadia Calviño y José Luis Escrivá, señalando que no es el momento más oportuno para aprobar la subida.
Y no es la primera vez. Las posiciones conservadores se han acabado imponiendo en las últimas decisiones importantes en materia social, como la ley antidesahucios, los cortes de suministros, la reforma de las pensiones y el salario mínimo.
Sánchez es consciente de que tiene que convencer a Bruselas de la solidez del sistema en España, y eso exige austeridad y reformas. El Gobierno está pendiente de recibir los 140.000 millones de euros del fondo europeo de recuperación. Y desde luego, ampliar los salarios ahora o evitar la reforma de las pensiones no sería un buen mensaje de cara a Europa.
Pero además, esas pequeñas victorias para el sector conservador del Gobierno son también una forma de imponerse a la presiones ejercidas por el sector de Podemos. Así, con decisiones como la del SMI, Pedro Sánchez mata dos pájaros de un tiro: consigue quedar bien con Bruselas, y al mismo tiempo mantener a Pablo Iglesias bajo control.