Primer plano de perfil del ministro José Luis Escrivá con el dedo índice levantado

Palo del Gobierno a las empresas que contraten de lunes a viernes

El ministerio de Seguridad Social quiere acabar con la precariedad imponiendo sanciones a los contratos cortos

El Gobierno de Pedro Sánchez afronta un período clave para la economía española y, en particular, en la legislación laboral. Además de las prórrogas de los ERTE, el Gobierno tiene encima de la mesa varias cuestiones como la regulación de los «riders», la jornada laboral de cuatro días y el aumento del salario mínimo.

Pero si hay un tema en el que el Gobierno quiere ser expeditivo es el de la temporalidad, y con esta intención se propone penalizar a las empresas que contratan a sus trabajadores de lunes a viernes y les dan de baja los fines de semana.

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Esta es la estrategia que siguen algunas empresas para ahorrarse el pago de las cotizaciones. La consecuencia es más precariedad en el mundo laboral y el aumento de la temporalidad. Por eso el ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que dirige José Luis Escrivá, ha puesto en marcha medidas para penalizar este tipo de contrataciones.

«Vamos a penalizar, vamos a establecer una tasa para las bajas de contratos que se den», ha afirmado el ministro. La medida del Gobierno va encaminada a acabar con la temporalidad, que es uno de los grandes problemas del mercado laboral español: el 90% de los contratos que se firman cada mes en España son de carácter temporal, y uno de cada cuatro son de muy corta duración: menos de siete días.

Para frenar esta situación, el Gobierno quiere introducir una tasa que penalice a las empresas que se aprovechan de los contratos de corta duración. En el caso más extremos, los empleados que finalizan su contrato el viernes vuelven a ser contratados el lunes. Escrivá considera que «es una pcráctica intolerable que no debe aceptarse».

El ministro recuerda también que este tipo de prácticas diferencian a España de los países de su entorno. Durante los últimos años la brecha ha aumentado y antes de iniciar la pandemia nuestro país ya duplicaba la media europea de temporalidad. Una situación que se ha agravado con la crisis económica derivada del coronavirus.

Pero lo cierto es que gracias a este tipo de estrategias muchas empresas consiguen pagar menos a la Seguridad Social. El perjudicado es el trabajador, que queda desprotegido y a merced de un mercado laboral más inestable que nunca. «Se ha convertido en algo cultural en España, no podemos aceptarlo», dice tajante el ministro.

Este tipo de prácticas se ha incrementado con la crisis económica, pero también gracias a la agilización de abrir y cerrar contratos a través de la página web de la Tesorería de la Seguridad Social. El ministro reconoce que este mecanismo favorce un tipo de contracto que deja a los trabajadores más desprotegidos.

Además, José Luis Escrivá ha avanzado que el sistema de expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) puesto en marcha para paliar los efectos de la pandemia será de 30.000 millones de euros. Ahora, el Gobierno tiene que negociar con los agentes sociales para prorrogar los ERTE más allá de enero de 2021. «Durarán lo que tengan que durar», ha dicho.

Políticas activas de empleo

La penalización de los contratos de lunes a viernes va en la línea de una serie de actuaciones que el ministerio de Seguridad Social lleva a cabo para acometere las reformas que exige la Unión Europea. Se trata de una serie de reformas que Bruselas exige a cambio de las ayudas del plan de recuperación, cifrado en 140.000 millones de euros.

Los asesores fiscales aseguran que estas reformas tienen que ver con cuestiones técnicas que se alejan de las prioridades reales del ministro. Escrivá es partidario de atajar el paro estructural que arrastra España a partir de dos medidas. Una, diseñar un nuevo modelo de ERTE que sostenga en el tiempo un mecanismo que se ha demostrado efectivo. La otra, mejorar las políticas activas de empleo.

Sobre encontrar un instrumento como los ERTE que se puede utilizar de ahora en adelante, el ministro asegura que «es fundamental engarzarlo en la negociación colectiva y también añadir elementos de formación y capacitación de los trabajadores». Sobre las políticas activas de empleo, cree que las actuales son muy mejorables.

«A veces creo que se incide mucho en lo que es la parte normativa laboral y creo que estos son dos elementos centrales», reconoce el ministro, que también se mostró partidario de reforzar los mecanismos de movilidad laboral entre todas las comunidades autónomas. Una de sus propuestas es dar ayudas a las familias que se trasladen a zonas donde hay más oportunidades laborales.