Una imagen panorámica del Congreso de los Diputados

Más de 500.000 trabajadores temporales en España podrían dejar de serlo en breve

La mayoría de los interinos de la administración tienen más de cincuenta años y el riesgo de ser despedidos en cualquier momento

El Gobierno de Pedro Sánchez ultima una ley para hacer fijos a más de medio millón de españoles que trabajan en la administración de forma interina. La reforma llega tras la larga lucha de estos empleados para salir de la temporalidad y la precariedad, ya que muchos de ellos tienen más de cincuenta años y no tienen un futuro asegurado. 

Los llamados interinos trabajan para la administración central, autonómica, y aunque disponen de un trabajo, es de forma temporal, ya que pueden ser despedidos en cualquier momento sin derecho a una indemnización.

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El colectivo lleva meses movilizándose contra esta situación de precariedad, y sus protestas han sido escuchadas. Tras una iniciativa en el senado para acabar con la temporalidad del sector, tal y como establece una directiva europea de 1999, el Gobierno se ha pronunciado sobre una futura reforma de la legislación.

Tras las protestas en varias ciudades españoles bajo el lema #StopAbusoTemporalPúblico», el Grupo de la Izquierda Confederal presentó la propuesta en el senado, con los votos a favor de PP y Ciudadanos, y el voto en contra del PSOE. Por su lado, el secretario de Estado de Política Territorial y Función Pública, Francisco Hernández, anunció el acuerdo con las comunidades autónomas para reformar el Estatuto Básico del Empleado Público.

Se prevé que el debate en el Congreso llegue pronto. En la reforma prevista se distinguirá entre los puestos estructurales y no estructurales, «ya que los no estructurales no pueden ser objeto de permanencia en la administración», aseguró Hernández.

Los afectados se quejan de que la mayoría no tienen un puesto fijo, sobre todo en sectores como urgencias hospitalarias, con un 90% de temporalidad, en servicio de trasplantes, con un 80%, o los profesores no asociados en la universidad, con un 40%. En la administración, afecta sobre todo a los ayuntamientos, con un 50% de temporalidad.

Javier Arauz, abogado que representa a más de 7.000 interinos, recuerda que estos empleados «tienen una capacidad acreditada y prestan un servicio público de calidad». Él mismo logró el pasado marzo una victoria importante para este sector, ya que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) reconoció el abuso que se comete sobre ellos. 

Compromís, que impulsó la proposición de ley en el Senado, considera que «más de tres años de interinidad ya es un fraude de ley» y propone solucionarlo con un «concurso público de méritos». La proposición presentada por el PNV en el Congreso plantea regularizar a quienes lleven un mínimo de ocho años de interinidad en una administración con un porcentaje «relevante» de trabajadores temporales. 

800.000 trabajadores interinos

Pero los representantes de los Trabajadores Temporales Públicos (TTPS) creen que estas soluciones no acabarían con el problema. «Ya somos funcionarios interinos, hemos accedido a la función pública siguiendo el artículos 103 de la Constitución y cumpliendo los requisitos de igualdad, mérito, capacidad, publicidad y libre concurrencia», asegura Ana Dueña, portavoz de la plataforma en Castilla y León.

Según el abogado Arauz, el concurso público de méritos dejaría en desventaja a muchos interinos, como por ejemplo un policía de cierta edad que tenga que superar pruebas físicas frente a uno joven, o una madre o un padre de familia que tengan que estudiar el mismo temario que un joven que vive con sus padres y tiene más tiempo.

Los afectados recuerdan que la adquisición de sus derechos no afectará a los privilegios de los funcionarios con carrera, en cuanto a los ascensos, las comisiones de servicio o los traslados de una regiones a otras. Además, aseguran que en muchos casos hay administraciones que llevan años sin convocar oposiciones.

Según el Gobierno hay 660.000 trabajadores públicos en situación de interinidad, pero las asociaciones de afectados aseguran que son más de 800.000. El 75% de ellos son mayores de cincuenta años que, en plena crisis económica, tendrán muchos problemas para encontrar trabajo si son despedidos.