El Gobierno aprobó el pasado 26 de enero una nueva prórroga de los expedientes temporales de regulación de empleo (ERTE) hasta el 31 de mayo. Es la tercera ampliación de estas ayudas que creó el Gobierno para hacer frente al cierre de negocios por los confinamientos, en el marco de la pandemia del coronavirus.
Una pandemia que un año después sigue haciendo estragos y que ha hundido a España en una de sus peores crisis económicas. El Gobierno admite ahora que si la situación actual persiste, muchos ERTE se van a convertir en ERE.
En un informe interno del Servicio Público de Empleo Estatal (Sepe), el ministerio de Trabajo asume que «de mantenerse la complicada situación sanitaria y económica mundial en los próximos meses, un número significativo de los actuales ERTE amparados en la causa de fuerza mayor podría acabar convirtiéndose en ERE o simplemente extinciones de contrato».
Los ERTE son un mecanismo extraordinario que permite a las empresas mantener en plantilla a los trabajadores durante el cese de su actividad. Pero el empeoramiento de las perspectivas de salida de la crisis llevan al Gobierno a hacer una previsión pesimista: miles de trabajadores en expediente temporal acabarán perdiendo su trabajo.
Trabajo prevé que el SEPE tendrá que responder al «incremento del desempleo que se seguirá produciendo en los próximos tiempos», a pesar de que el Gobierno plantea una recuperación económica para este 2021. El informe de Trabajo contrasta pues con las previsiones más optimistas del Gobierno, según las cuales tocamos fondo el año pasado.
El Gobierno de Pedro Sánchez hizo una previsión optimista según la cual habríamos llegado al pico del paro en 2020, con un 17,1%, y se espera una ligera caída a lo largo de este año, hasta el 16,9%. Pero sus expectativas, que también contemplan un repunte de la economía, chocan con el empeoramiento de las previsiones de organismos como el Banco de España, que eleva hasta el 20,5% la tasa de desempleo en 2021.
Este escenario podría no estar tan lejos si el tejido productivo es incapaz finalmente de absorber toda la fuerza de trabajo protegida ahora por los ERTE. Una situación que, según el documento interno de Trabajo, obligará al servicio estatal de empleo a «mantener las cargas de trabajo por la gestión de las nuevas prestaciones por desempleo que habría que reconocer».
Trabajo quiere evitar otro colapso
En este informe se reconoce la «gigantesca» incidencia de la pandemia sobre la gestión de las prestaciones, y prevé que la gestión del SEPE se seguirá viendo afectada, al menos, durante todo 2021. Pero además advierte que se alargarán durante «mucho más tiempo» los efectos colaterales en forma de gestión de cobros indebidos, debido al colapso del sistema.
Trabajo se refiere al colapso de los servicios públicos de empleo por el aluvión de ERTE en plena crisis, lo cual provocó errores en los pagos que el SEPE reclamará en el caso de abonos excesivos. En el informe establece que «se deberán reforzar las gestiones de control de existencia de responsabilidades familiares, renta personal del beneficiario y de su unidad familiar, para evitar el mayor número posible de cobros indebidos».
Ante este escenario, la Dirección General del SEPE asume que «el enorme empeño, profesionalidad y sentido del deber público» de su personal «con decenas de miles de horas extras, turnos dobles, trabajos esenciales y mucho teletrabajo» será insuficiente para garantizar una atención adecuada a los afectados, y pide reforzar las plantillas con más efectivos.
Huelga de funcionarios en marzo
La Dirección General del SEPE, dependiente del ministerio de Trabajo, pretende calmar así los ánimos en la plantilla, pero sus promesas de un plan de choque parece no convencerles. El sindicato USO anunció ayer mismo la convocatoria de dos días de huelga en el SEPE el próximo mes de marzo. Piden un refuerzo de la plantilla para sobrellevar la carga de trabajo, y consideran que el plan de choque ofrecido es insuficiente.
El sindicato asegura que envió una carta a la ministra de Trabajo pidiendo soluciones urgentes, pero que no han recibido respuesta. Por eso ha animado al resto de las formaciones sindicales a unirse a la huelga, aunque parece que no tendrá el apoyo esperado.
El sindicato de funcionarios CSIF ya han avanzado que no secundarán la huelga argumentando que perjudicará a los desempleados, que verán retrasada la gestión de las prestaciones, y a los empleados públicos del SEPE, que sufrirán las consecuencias de cara a la opinión pública por una «actuación irresponsable».
Trabajo asegura que su prioridad es dotar al SEPE de los recursos técnicos y humanos para revertir los recortes de plantilla sufridos durante los últimos años. Su compromiso pasa por prorrogar a los 1.500 internos que actualmente desempeñan su función en el SEPE, y elaborar una relación de puestos de trabajo para una atención adecuada a las demandas de la ciudadanía.