El Ejecutivo español se ha dado cuenta del gran fracaso que ha supuesto el esquema de incentivos para alargar la vida laboral tras cumplir la edad de jubilación. Por este motivo los está rediseñando y pretende favorecer el mantenimiento de los empleos de este perfil de trabajadores.
Las mejoras en el rediseño de los incentivos incluyen perfilar una especie de cheque de un único pago que se realizaría en el mismo momento de la salida del sujeto del mercado laboral, después de haber alargado su estancia en su puesto alboral más allá de los 66 años, la edad legal de jubilación en 2021.
Esta medida modificaría el cobro de esta mejora que prevé la Seguridad Social, de un 4 por ciento más en la cuantía de la pensión por cada año de estancia ampliada.
En lugar de aplicarse a la cuantía de la pensión y sumarse a la misma, se pretende que esta se mantenga y se proceda a un pago único por parte del Estado previo al retiro con todo el dinero acumulado en esa mejora según los años que se haya alargado la estancia en el puesto de trabajo.
Esta medida se enmarca dentro de la reforma de pensiones que está negociando el Gobierno español con los diferentes agentes sociales en la mesa de diálogo sobre la necesidad de aproximar la edad legal de jubilación, 66 años, y la edad real, que según datos del Banco de España se sitúa en los 64,5 años en el país. Concretamente, se recoge en el rediseño de penalizaciones para la jubilación anticipada e incentivos para retrasar el retiro.
Modificaciones útiles
En este sentido la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, FEDEA, considera que el programa de jubilación activa, que permite compatibilizar el trabajo con el cobro de una pensión en España, «debería ser rediseñado ante la falta de incentivos financieros favorables a su utilización».
En un documento en el que analiza los distintos sistemas para compatibilizar pensión y trabajo, esta fundación señala que la participación en el programa de jubilación activa será «modesta» si no se modifican algunos de sus elementos.
«No parece que la participación en el programa pueda llegar a ser cuantitativamente importante. Esto es así porque, aunque tiene efectos distintos dependiendo de las características de los individuos, en la mayoría de los casos no se crean incentivos financieros favorables a su uso», destaca FEDEA.
Además, subraya que sólo la versión con contrato de relevo ha tenido relevancia cuantitativa, habiendo alcanzado cifras significativas entre las altas anticipadas de asalariados, casi un 27 por ciento en el año 2018.
Según esta federación, las medidas para conseguir el retraso de la jubilación tendrían que eliminar las restricciones de exclusión a jubilación activa, salvo el acceso a la edad legal, además de permitir la extensión a edades anteriores a la edad legal.
A esta lista hay habría que sumarle la homogeneización de las cotizaciones de los jubilados activos con las del resto de los trabajadores y permitir cobros superiores al 50 por ciento para trabajadores de salarios bajos. Finalmente se debería actualizar la pensión al final del periodo de compatibilización.
Más allá, este informe de FEDEA, recoge solo a un grupo y una casuística, los autónomos acogidos a la jubilación activa.
De un 'stock' total de 61.220 trabajadores registrados en agosto de 2020, 52.076 son autónomos, lo que supone más del 85 por ciento del total.
En lo que se refiere a la tasa de incidencia de las 'jubilaciones activas' sobre las altas de jubilación totales y de trabajadores de 65 y más años en el régimen de autónomos la cifra es notable: 12 por ciento en media o 14 por ciento entre los autónomos de 65 y más años.
Por otra parte, la tasa de incidencia media entre los asalariados de 65 y más años no supera el uno por ciento.