El Gobierno español ya planifica la posible reforma de la jubilación anticipada. El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha admitido que la cuestión será tratada en la Comisión del Senado del ramo y que la intención es tener una propuesta en firme alrededor del próximo otoño. Si bien por el momento no está encima de la mesa la eliminación de la jubilación anticipada, lo cierto es que la reforma que se planea podría acabar con ella en la práctica. De hecho, esta es la intención que persigue el Gobierno con su plan: una prolongación de la permanencia de los trabajadores en el mercado laboral.
Menos jubilaciones anticipadas
Y es que, aunque desde el pasado 1 de enero la edad de jubilación en España se sitúa en los 66 años, este límite legal no se corresponde con la realidad. El Banco de España afirma, a través de un estudio, que la edad efectiva de jubilación en nuestro país se sitúa en torno a los 64,5 años. Las medidas del Gobierno estatal para reformar la jubilación anticipada y dificultarla persiguen, precisamente, el objetivo de ajustar la media real de la edad de jubilación en nuestro país con la edad estándar este 2021, los 66 años.
Pero, ¿de qué forma pretende el Gobierno endurecer la jubilación anticipada? Actualmente, aquellos que se acogen a la jubilación anticipada sufren una penalización en base a unos coeficientes reductores que se aplican sobre la base reguladora de la pensión. Con la reforma, se pretende que los coeficientes pasen a aplicarse directamente sobre la cuantía final de la pensión. Veámoslo con detalle para que se comprenda mejor el cambio. Hasta ahora, la fórmula de cálculo de las reducciones por jubilación anticipaba beneficiaba de forma clara a las rentas más altas.
Ya que se aplicaban los coeficientes sobre la base reguladora, aquellos que tenían esta base más alta porque procedían de sueldos más elevados se encontraban con que, en alguna ocasión, ya aplicados los coeficientes, la cuantía resultante seguía dentro del baremo de la pensión máxima. De esta forma, en ocasiones no se producía en la práctica ninguna penalización por acogerse a la jubilación de forma anticipada. Quien se llevaba la peor parte eran las personas con rentas más bajas. Por el mismo tiempo de anticipo en la jubilación, la penalización era, de media, cuatro veces mayor que la que sufrían los trabajadores que se acogían a la jubilación con el mismo tiempo de anticipación, pero con rentas mucho más altas.
En la práctica, eso hacía que las rentas bajas fuera mucho más reacias a acogerse a la jubilación anticipada, mientras que era un recurso muy habitual en las personas con mayores rentas. La reforma, que supondrá aplicar las penalizaciones a la cuantía fina de la pensión, va a suponer que todos los trabajadores que quieran optar a la jubilación anticipada vean claramente repercutido en el importe de sus pensiones el impacto de su penalización, de forma que disminuyan de manera clara las jubilaciones anticipadas y crezca la duración de los trabajadores en el mercado laboral español.
Más reformas en el ámbito de las pensiones
El 'golpe' a las jubilaciones anticipadas no es el único que prepara el ministerio que lidera José Luis Escrivá, según 'El Economista'. El Gobierno también quiere abordar antes de que termine el año 2021 la nueva ley de revalorización de las pensiones, que hará que vayan ligadas a las subidas del IPC. Otra de las medidas que el ejecutivo español quiere impulsar en este campo es el sistema de cotización por ingresos reales para los autónomas, una esperada reforma que pretende aplicarse en esta legislatura pero que no tendrá ligar en 2021: el calendario con que trabaja el ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones la sitúa en el primer semestre de 2022.
De la mano del nuevo sistema de cotización para autónomos, a principios de 2022, se prevé poner en marcha el fondo público de pensiones, que servirá para promocionar planes de pensiones de empresas. Finalmente, otras de las carpetas que el ejecutivo quiere abordar entre finales de 2022 y principios de 2023 son, por un lado, la subida de las bases máximas de cotización, que comportará, por cierto, un aumento de la pensión máxima, hoy establecida en 2.707 euros. También se trabaja en un 'factor de equidad intergeneracional' que podría servir para aplicar recortes de hasta el 0,5% anual a algunas pensiones, si bien se trata de la medida menos detallada y trabajada por parte del ejecutivo, por lo que habrá que esperar al tramo final de la legislatura para conocer más detalles.
En definitiva, mandato de reforma en el departamento ministerial de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones que lidera José Luis Escrivá, que arrancará este 2021 con un cambio profundo por lo que a la jubilación anticipada se refiere y que podría, en la práctica, acabar con esta medida.