El estallido social vivido en las calles de España en los últimos días se podría complicar el fin de semana que viene por delante. Los servicios de información de la Policía Nacional prevén un fin de semana de «terrorismo callejero», y el cuerpo se prepara para hacer frente a nuevas situaciones de violencia extrema.
El Cuerpo Nacional de Policía está siguiendo todas las convocatorias que desde ayer se están lanzando por redes sociales entre grupos de extrema izquierda. A partir de ahí ha elaborado un plan de actuación que sitúa en Madrid y Barcelona el epicentro de las protestas.
En las últimas dos noches se han sucedido los altercados violentos tras las manifestaciones en contra del encarcelamiento del rapero Pablo Hasél por injurias a la Corona y enaltecimiento del terrorismo. Los informes policiales señalan como autores materiales de los disturbios a grupos de diversa índole, desde miembros de la ultraizquierda, antisistemas, antifascistas y anarquistas, hasta delincuentes y menores.
Detrás de las protestas está la reivindicación de la libertad de expresión y la respuesta a una condena que se considera injusta. Pero además, hay un evidente hartazgo social derivado de una crisis económica que afecta sobretodo a una juventud sin perspectivas. Este estallido social, que la policía temía desde hace tiempo, ha aparecido ahora.
El caso de Pablo Hasél ha sido el detonante de una situación de descontento social que hacía preveer protestas en las calles. En los últimos meses, la policía manejaba informes sobre un posible aumento de la conflictividad en las calles, pero los sucesivos confinamientos han impedido las grandes concentraciones y la violencia organizada.
Barcelona, la mayor preocupación
La cosa ahora ha cambiado, y esa violencia ha aparecido de golpe y de forma virulenta. Ante las convocatorias previstas para este fin de semana, la policía se ha puesto en alerta y prepara dispositivos de contención. En Madrid preocupan, sobre todo, los grupos de extrema izquierda vinculados a los aficionados del Rayo Vallekano, los Bukaneros. En Barcelona, como es habitual, se prevé la participación de grupos antisistema de fuera de España.
Barcelona es, precisamente, donde la policía prevé mayores problemas. Allí, la tensión ha aumentado tras los violentos choques entre manifestantes y Mossos de Esquadra en los que una chica perdió el ojo de un disparo. En la capital catalana están, según la policía, los actos más violentos y más organizados.
El informe pone como ejemplo el asalto organizado a la comisaría de los Mossos en Vic, donde los autores destruyeron las cámaras de seguridad para dificultar la investigación de los hechos. Conscientes de que se pueden repetir ataques de este tipo, las Unidades de Intervención Policial diseñan los despliegues policiales que van a actuar este fin de semana, y no descartan el desplazamiento de otros efectivos de otros puntos de España.
Perfil de los manifestantes, según la policía
Los participantes a las concentraciones son mayoritariamente jóvenes, muchos de ellos menores de edad, y se mezclan con grupos de agitadores con experiencia en la lucha callejera en Cataluña. El estallido de indignación por la sentencia de los presos catalanes encendió la mecha de la última revuelta callejera, que ahora renace con el caso Hasél.
La policía cuenta que entre los 1.700 concentrados en Barcelona, unos 250 eran violentos. En Madrid, la proporción es aún más llamativa, 40 de 1.400. En ambos casos, las manifestaciones no estaban comunicadas y se difundieron a través de las redes sociales.
La compañera de la joven que perdió el ojo relató las circunstancias en las que se produjo el incidente: «El ambiente era de ganas de pelea, y yo y mis compañeros queríamos demostrar que estábamos enfadados. Volcamos un contenedor de vidrio y empezamos a coger botellas y lanzarlas a los antidisturbios. Me acerqué a la policía, uno me apuntó. Yo esquivé la bala, mi amiga no».
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha roto hoy su silencio condenando la violencia como medio de expresión del descontento, y ha prometido cambiar la ley para garantizar la libertad de expresión en España. Su socio de Gobierno, Podemos, sigue sin condenar los disturbios y pone en cuestión la calidad de la democracia en nuestro país.