Efectivos de la Policía Nacional se han enfrentado en las últimas horas a graves disturbios en varias partes de España. Los manifestantes protestan por el encarcelamiento del rapero Pablo Hasel, condenado por un juez por injurias a la Corona y enaltecimiento del terrorismo. El caso ha provocado una división en la sociedad, pero también en el Gobierno.
El PSOE admite que la ley está mal hecha, pero pide respetar las decisiones judiciales y, en todo caso, manifestarse pacíficamente. Podemos, en cambio, evita condenar la violencia en las calles y vuelve a incidir en la baja calidad democrática en España.
Quien lo ha hecho de forma más contundente ha sido el portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, a través de Twitter: «Todo mi apoyo a los jóvenes antifascistas que están pidiendo justicia y libertad de expresión en las calles». Adjunta el mensaje con una serie de fotos y vídeos de la actuación policial.
Sus valoraciones han hecho estallar a los sindicatos mayoritarios de la Policía Nacional, que consideran que es «la gota que colma el vaso» y lanzan una advertencia al Gobierno: «Si no actúa la Fiscalía, denunciaremos». Lamentan las palabras del portavoz de Podemos, y lo ven como un nuevo ataque a los funcionarios del cuerpo de policía.
Los sindicatos policiales Jupol y Sindicato Unificado de Policía (SUP) no se quedan en la crítica y advierten que podría tener consecuencias penales. Advierten a la Fiscalía de que las palabras de Echenique «arengan a una turba violenta que estos días a causado daños, desperfectos, saqueos en comercios y decenas de lesionados en las fuerzas de seguridad».
En su opinión, «que uno de los partidarios que forman parte del Gobierno anime, apoye y se solidarice con quienes están protagonizando disturbios en Madrid y en otras ciudades es escandaloso». Desde estas organizaciones policiales creen que los mensajes que instigan a la violencia no deben tener cabida en democracia «porque una vez que se desatan estos incidentes, quienes los sufren y los pagan son los ciudadanos».
Estudian medidas contra Echenique
En su comunicado mencionan los destrozos callejero y los daños en propiedades «arrasadas por el terrorismo callejero, por turbas de descontrolados que pretenden coartar la paz de la inmensa mayoría». Por eso han puesto en manos de sus servicios jurídicos la posibilidad de emprender medidas legales contra Pablo Echenique, al que acusan de amparar la violencia.
Su advertencia es clara: «En el caso de que la Fiscalía no actúa de oficio, nuestro gabinete letrado ya está estudiando emprender las acciones legales que correspondan». En esta línea, piden a la Fiscalía que estudie la posible existencia de un delito, «que investigue y se pronuncie». De lo contrario, no descartan actuar por su cuenta.
El sindicato pone el acento en la honorabilidad del Cuerpo Nacional de Policía, como «una corporación muy garantista y de las más prestigiosas de Europa». Por eso lamentan estar recibiendo continuos ataques por parte de personas del Gobierno cuando, en cambio, reciben el reconocimiento de todos los países adonde van.
Piden a Interior que les apoye
Además, recuerdan que la violencia de los que la practican y el apoyo de los que la sustentan «suele degenerar en heridos entre las Unidades de Intervención Policial (UIP)». Y reclaman que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, dé la cara por los policías, «que exija una rectificación a Echenique y una defensa cerrada del trabajo de los antidisturbios en toda España».
«Estos policías», dicen los sindicatos, «reestablecen el orden alterado por los grupos violentos y además tienen que soportar que uno de los partidos del Gobierno legitime sus protestas». Por eso señalan a Echenique: «Es inadmisible que el portavoz de uno de los partidos del Gobierno defienda los disturbios con infinidad de daños materiales a mobiliario público y privado».
De momento, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, no ha valorado la actuación policial ni los disturbios. Desde Jupol y el SUP tienen claro que «todas aquellas personas o colectivos que no rechacen públicamente los sucesos vividos en las últimas horas se sitúan fuera de la legalidad y el orden democrático».