Un sanitario con un vial de la vacuna de AstraZeneca en una mano

La autopsia de la profesora fallecida en España tras recibir la vacuna, bajo sospecha

La presencia de un forense no autorizado en el examen pone en duda la veracidad de las conclusiones

La Junta de Andalucía ha abierto una investigación en torno a la autopsia que se le realizó a Pilar González Bres, la profesora de 43 años fallecida tras recibir la vacuna de AstraZeneca. El examen reveló que la vacuna no había tenido nada que ver con la muerte, pero las autoridades investigan ahora que hacía un forense no autorizado en la sala de autopsias.

Pilar era profesora del Instituto Guadalpín de Marbella (Málaga), y murió el 15 de marzo a causa de una hemorragia cerebral, días después de recibir la vacuna de AstraZeneca. La autopsia fue realizada el 18 de marzo, duró cuatro horas y concluyó que no había una relación directa entre la administración de la dosis y la hemorragia cerebral.

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Sin embargo, la comparecencia del consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, hizo saltar todas las alarmas. En ella informó de que en la autopsia habían participado dos anatomopatólogos y un forense «para hacerlo de la forma más reglada y científica posible». 

Una versión distinta a la que dio la Junta de Andalucía ese mismo día en un comunicado, en el que aseguraba que el Instituto de Medicina Legal de Málaga no había tenido nada que ver con la autopsia realizada a la docente fallecida. Esto abría la duda de si el forense había participado en el examen post-mortem, en qué grado y con qué autorización.

Ante las sospechas que suscita esto, la Junta de Andalucía ha abierto una investigación para «determinar qué ha ocurrido y tomar las medidas pertinentes si fuera necesario». Se intenta esclarecer así la supuesta presencia de un forense que participó, de forma unilateral, en una prueba pericial en la que no podía estar, ya que solo estaban autorizados los médicos del Hospital Costa del Sol, formados en Anatomía Patológica.

Fuentes confidenciales aseguran que este forense es Sebastián Díaz, el antecesor de la actual directora del Instituto de Medicina Legal (IML), Inés Doménech. Díaz dimitió de su puesto tras revelarse una serie de irregularidades como hacer embalsamamiento para funerarias privadas sin el permiso de la administración autonómica.

La delegada territorial de Regeneración, Justicia y Administración Local, Nuria Rodríguez, y la propia Inés Doménech, tuvieron conocimiento de que Sebastián Díaz había estado presente en la autopsia por iniciativa propia y sin comunicarlo a sus superiores. A partir de ahí elaboraron un informe por escrito que ha motivado el inicio de la investigación.

No estaba autorizado

Durante su comparecencia, el consejero Aguirre dejó entrever que efectivamente el forense había participado en el examen. Algo que es irregular, porque las autopsias clínicas a personas que han muerto por motivos de salud son competencia exclusiva de los anatomopatólogos. Esto supone una injerencia y genera sospechas sobre la prueba pericial.

A esta sospecha se añade el hecho de que las conclusiones de la autopsia ya habían aparecido en un medio de comunicación y habían sido presentadas por el consejero en comparecencia pública sin que las hubiera recibido el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). Este órgano judicial comunicó al juzgado de Instrucción número 5 de Marbella que a esa hora aún no había recibido el informe preliminar. 

Por ahora se desconoce qué papel jugó Santiago Díaz en la autopsia clínica, si solo fue un observador o también dio directrices y opiniones a los demás. La Junta tampoco ha aclarado si había una relación con los facultativos del hospital que al parecer habían participado en cursos de anatomía patológica para realizar este tipo de pruebas, y por qué no informaron de su presencia a las dos responsables.

Insisten en que la autopsia es fiable

El gobierno autonómico asegura que la consejería de Regeneración, Justicia y Administración Local tuvo conocimiento de este tema a través del Instituto Médico Legal y de la delegación territorial. Y que al ver lo que sucedía solicitó un informe por escrito para esclarecer los hechos. Este informe será la base para poner en marcha la investigación.

Ahora, esta investigación de carácter interno tendrá que determinar qué ha ocurrido y tomar las medidas pertinentes. Pero de momento, la sospecha ya está vertida, aunque el consejero Aguirre insiste en que la conclusión de la autopsia es fiable y que no hubo una relación causa-efecto entre la administración de la vacuna y la muerte.