Las pensiones de jubilación en España se encuentran en un momento clave y hay cambios importantes a la vista. La propuesta del ministerio de Seguridad Social de ampliar a 35 los años para calcular la pensión supondría un recorte del 12% en las nóminas mensuales, lo cual se traduce en 168 euros menos al mes o 2.352 euros al año.
Esta es la propuesta del sector encabezado por el ministro José Luis Escrivá: tener un mínimo de 35 años cotizados para poder cobrar la pensión de jubilación completa. Pero la idea llevaría a un recorte de las pensiones y ha abierto una nueva polémica en el Gobierno.
José Luis Escrivá representa el sector más liberal del Gobierno, partidario de políticas más conservadoras como congelar los salarios y rebajar las pensiones públicas para garantizar la sostenibilidad del sistema. Al otro lado está el sector progresista, que rechaza cualquier medida que suponga una pérdida de poder adquisitivo para los pensionistas.
Seguridad Social ya consultó en 2007 un informe sobre el impacto de la ampliación del período de cálculo de la base reguladora, y los técnicos fiscales establecieron una reducción de la pensión a razón de un 1% por cada año de ampliación. Pasar de los 23 actuales a los 35 que plantea Escrivá supondría un recorte del 12%.
Tomando como referencia la media de 1.400 euros de media de las nueva altas de jubilación, una rebaja del 12% supondría dejar esta prestación en 1.232 euros mensuales. Al año, implicaría pasar de 19.600 euros a 17.248. El informe que manejaba la Seguridad Social contemplaba la posibilidad incluso de una reducción mayor.
La ampliación del período de cálculo de la base reguladora es una de las medidas que están sobre la mesa para garantizar la supervivencia del sistema de pensiones. La última modificación se produjo en 2011, pasando de los 15 a los 25 años entre 2013 y 2022. El ministro Escrivá quiere ahora ampliar el período a 35 años.
La medida permitirá una mayor contributividad del sistema pero supone un recorte de las pensiones de jubilación, porque los trabajadores suelen cobrar sueldos más bajos en sus primeros años de vida laboral. La parte positiva es que beneficiará a los expulsados del mercado laboral en sus últimos años de carrera profesional.
La medida del ministro Escrivá es compartida por el Banco de España y muchos técnicos fiscales, que creen que cuando se tenga en cuenta toda la vida laboral España habrá dado un paso de gigante hacia la sostenibilidad del sistema de pensiones. Según la Airef, de la que Escrivá fue presidente, la medida lograría una contención del gasto del 0,5% del PIb en 2048.
386 euros al año
Según un estudio reciente de las universidades de Valencia y Extremadura, las prestaciones deberían bajar un 2,36% para asegurar la viabilidad del sistema. El cálculo se basa en el IRP (Índice de Revalorización de las Pensiones) adelantado para el 2021 y supone que la prestación media tendría que reducirse en 336 euros al año.
Si el cálculo se hace sobre las prestaciones de jubilación, la cifra es incluso mayor: 386 euros menos cada año. Según el informe, la situación de la Seguridad Social ha empeorado. A pesar de las transferencias de 14.000 millones de euros ordenadas en junio, la crisis del coronavirus ha llevado al sistema de pensiones español a una peor situación financiera.
El IRP es el indicador con el que se revalorizaban las pensiones desde 2013 hasta este año, ya que para el año que viene el Gobierno de Pedro Sánchez ha revalorizado las pensiones al IPC. Esta es una de las recomendaciones del Pacto de Toledo que suponen la guía a través de la cual tiene que acometerse la reforma del sistema de pensiones en España.
Una de las claves del Pacto de Toledo es trasladar el déficit del sistema de pensiones al Estado y ligar las medidas para equilibrar el sistema a la reforma general de las finanzas públicas. Sin embargo, aún están por definir las medidas concretas de la reforma de las pensiones que, a tenor de lo que se está viendo, profundizará la división en el seno del Gobierno.