Con la reforma de las pensiones a la vuelta de la esquina y con las recomendaciones del Pacto de Toledo bajo el brazo, el Gobierno empieza a negociar con los agentes sociales y la Comisión Europea. Dentro de las medidas que se estudiarán se incluye la ampliación del período para calcular la pensión de los 25 a los 35 años.
La reforma prevista por el Gobierno se enmarca en las exigencias de Bruselas para recibir las ayudas del plan de recuperación, cifradas en 140.000 millones de euros. La medida supondría que una persona necesitaría diez años cotizados más para cobrar el 100%.
El Congreso aprobó las 21 recomendaciones del Pacto de Toledo que guiarán la inminente reforma de las pensiones. En las negociaciones con los sindicatos y la patronal, y con Bruselas, el ministerio de Seguridad Social quiere alargar los años cotizados necesarios para cobrar el total de la pensión de jubilación.
La normativa actual establece que desde el año 2022 la pensión de jubilación se calculará a partir de las cotizaciones de los últimos 25 años, aunque el mínimo es de 15 años cotizados para causar pensión. El alargamiento a los 35 años supondría diez años más de cotización exigidos para cobrar el total de la pensión.
Así tiene previsto plantearlo el ministro de Seguridad Social a los agentes sociales, aunque por ahora guarda silencio y llama a la prudencia: «El Gobierno tiene que ser prudente». El ministro ha intervenido en una conferencia online con el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, que también ha hablado sobre las pensiones.
Según el presidente del Banco de España, ligar las pensiones al IPC tendrá un alto coste que debe compensarse actuando sobre el gasto, los ingresos y la edad de jubilación. En su opinión, la medida tendrá un largo alcance afectando no solo a la coyuntura actual sino también a las generaciones venideras.
Además, el ministro ha hecho referencia a la voluntad del Gobierno de penalizar a las empresas que contraten de lunes a viernes. Forma parte de la estrategia integral para combatir la temporalidad y promover políticas de empleo que consigan, a largo plazo, sustentar el sistema de pensiones con las cotizaciones.
A pesar de que Bruselas exige complejas reformas legislativas en el mercado laboral y el sistema público de pensiones, el ministro es partidario de políticas efectivas para aumentar la estabilidad del marco laboral en España. El principal obstáculo es la temporalidad, que pone en riesgo el sistema de pensiones en un futuro.
Puesto que el Estado paga las pensiones con las cotizaciones a la Seguridad Social, el ministro subraya la importancia de promover políticas activas de empleo y garantizar la estabilidad del trabajo en España. El Gobierno empezará castigando los contratos cortos con más impuestos, pero quiere implementar la medida con una reforma integral del sistema.
En cuanto a las pensiones, desde la última reforma de las pensiones en 2013, la edad de acceso a la pensión de jubilación depende de la edad del interesado y de las cotizaciones acumuladas a lo largo de su vida laboral. El requisito es haber cumplido la edad de 67 años o 65 cuando se acrediten 38 años y 6 meses de cotización.
Los requisitos para jubilarse no difieren a la hora de cobrar o no la pensión mínima, cuyo listón está fijado en los 15 años. Lo que marca el importe son las bases de cotización. Cuanto más bajas son las bases de cotización, menor será la cuantía de la pensión.
El martes 27 de octubre la comisión de seguimiento en el Congreso aprovó las 24 recomendaciones del Gobierno para impulsar la reforma de las pensiones. Estos serán los principios que guiarán los cambios de las pensiones en España.