El ministro José Luis Escrivá hablando en el Senado

El Gobierno propone más años necesarios trabajando para cobrar la jubilación completa

El Gobierno propondrá a sindicatos y patronal la ampliación de 25 a 35 los años cotizados para cobrar el 100%

Con la reforma de las pensiones a la vuelta de la esquina y con las recomendaciones del Pacto de Toledo bajo el brazo, el Gobierno empieza a negociar con los agentes sociales y la Comisión Europea. Dentro de las medidas que se estudiarán se incluye la ampliación del período para calcular la pensión de los 25 a los 35 años.

La reforma prevista por el Gobierno se enmarca en las exigencias de Bruselas para recibir las ayudas del plan de recuperación, cifradas en 140.000 millones de euros. La medida supondría que una persona necesitaría diez años cotizados más para cobrar el 100%.

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El Congreso aprobó las 21 recomendaciones del Pacto de Toledo que guiarán la inminente reforma de las pensiones. En las negociaciones con los sindicatos y la patronal, y con Bruselas, el ministerio de Seguridad Social quiere alargar los años cotizados necesarios para cobrar el total de la pensión de jubilación.

La normativa actual establece que desde el año 2022 la pensión de jubilación se calculará a partir de las cotizaciones de los últimos 25 años, aunque el mínimo es de 15 años cotizados para causar pensión. El alargamiento a los 35 años supondría diez años más de cotización exigidos para cobrar el total de la pensión.

Así tiene previsto plantearlo el ministro de Seguridad Social a los agentes sociales, aunque por ahora guarda silencio y llama a la prudencia: «El Gobierno tiene que ser prudente». El ministro ha intervenido en una conferencia online con el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, que también ha hablado sobre las pensiones.

Según el presidente del Banco de España, ligar las pensiones al IPC tendrá un alto coste que debe compensarse actuando sobre el gasto, los ingresos y la edad de jubilación. En su opinión, la medida tendrá un largo alcance afectando no solo a la coyuntura actual sino también a las generaciones venideras.

Además, el ministro ha hecho referencia a la voluntad del Gobierno de penalizar a las empresas que contraten de lunes a viernes. Forma parte de la estrategia integral para combatir la temporalidad y promover políticas de empleo que consigan, a largo plazo, sustentar el sistema de pensiones con las cotizaciones.

Reducir la temporalidad

A pesar de que Bruselas exige complejas reformas legislativas en el mercado laboral y el sistema público de pensiones, el ministro es partidario de políticas efectivas para aumentar la estabilidad del marco laboral en España. El principal obstáculo es la temporalidad, que pone en riesgo el sistema de pensiones en un futuro.

Puesto que el Estado paga las pensiones con las cotizaciones a la Seguridad Social, el ministro subraya la importancia de promover políticas activas de empleo y garantizar la estabilidad del trabajo en España. El Gobierno empezará castigando los contratos cortos con más impuestos, pero quiere implementar la medida con una reforma integral del sistema.  

En cuanto a las pensiones, desde la última reforma de las pensiones en 2013, la edad de acceso a la pensión de jubilación depende de la edad del interesado y de las cotizaciones acumuladas a lo largo de su vida laboral. El requisito es haber cumplido la edad de 67 años o 65 cuando se acrediten 38 años y 6 meses de cotización.

Los requisitos para jubilarse no difieren a la hora de cobrar o no la pensión mínima, cuyo listón está fijado en los 15 años. Lo que marca el importe son las bases de cotización. Cuanto más bajas son las bases de cotización, menor será la cuantía de la pensión.

Compromisos del Pacto de Toledo

El martes 27 de octubre la comisión de seguimiento en el Congreso aprovó las 24 recomendaciones del Gobierno para impulsar la reforma de las pensiones. Estos serán los principios que guiarán los cambios de las pensiones en España.

  1. La Seguridad Social es la columna vertebral del Esyado del Bienestar para una sociedad moderna y cohesionada.
  2. Rechazo a una transformación radical del sistema que rompa los principios de solidaridad intergeneracional, suficiencia y equidad.
  3. No se puede seprarar el sistema de pensiones del tipo de prestación.
  4. La financiación del sistema debe adecuarse a la naturaleza de las prestaciones.
  5. La fuente básica de financiación son las cotizaciones, aunque para segurar la sostenibilidad se podrá optar por recursos adicionales.
  6. Las políticas de empleo son la causa del déficit existente y las cotizaciones soportan gastos que deberían ser asumidos por el Estado.
  7. Los presupuestos generales del estado deben asumir reducciones a la cotización, prestaciones no contributivas, ayudas a la jubilación anticipada, bonificaciones, complementos a la pensión.
  8. Calendario para reordenar los gastos para acabar con el déficit y los préstamos hasta 2023.
  9. Estudiar qué se ha asumido indebidamente.
  10. Defensa del mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones.
  11. Revalorizar al IPC.
  12. Toda subida por encima del IPC se financiará con otros recursos. 
  13. Mantener en 15 años el período mínimo de cotización necesario para acceder a la pensión contributiva.
  14. Ampliación de 15 a 25 años para calcular la base reguladora.
  15. Contemplar la elección de los mejores años para calcular la pensión.
  16. Evaluar la progresiva ampliación del período cotizado necesario para acceder a la pensión máxima. 
  17. Aproximar la edad de jubilación efectiva a la edad legal tanto como sea posible.
  18. Fomentar la permanencia de trabajadores en activo con mejor incentivos y favorecer la prolongación voluntaria más allá de la edad legal.
  19. Analizar cuánto cuestan las penalizaciones a las jubilaciones anticipadas y su impacto en la equidad de las pensiones. El Gobierno tiene tres meses para proponer una respuesta ante efectos inequitativos de las penalizaciones.
  20. Contar con un objetivo que defina la suficiencia de las pensiones.
  21. Preferencia de los planes de pensiones.