Es el gran quebradero de cabeza del Gobierno: cómo salvar el sistema público de pensiones. Entre los muchos equilibrios que intenta hacer el ministerio de Seguridad Social dirigido por José Luis Escrivá para garantizar las pensiones del futuro, hay una idea que gusta en especial, y llega del modelo que se aplica en el País Vasco.
¿De qué se trata? El Gobierno quiere que cada nuevo trabajador quede adscrito de forma automática a un plan de pensiones de empresas. El plan, anunciado por el ministro Escrivá, permitiría a cada trabajador tener un complemento de sus ingresos en la jubilación.
En otras palabras, junto a la cantidad que cobra un trabajador de las pensiones públicas habría un complemento significativo perteneciente al plan de pensiones de empresa correspondiente a lo acumulado durante su trayectoria laboral. La idea sigue el ejemplo del modelo del País Vasco, donde es muy habitual que los trabajadores que empiezan a trabajar en una empresa accedan también a un plan de pensiones.
Con este nuevo mecanismo, el Gobierno aseguraría el desarrollo del llamado segundo pilar del sistema de la Seguridad Social, donde se incluyen los planes colectivos. El ministro destaca las ventajas y aspectos positivos del modelo vasco que ahora se quiere trasladar a nivel nacional a través de la negociación colectiva.
Fuentes del ministerio de Seguridad Social aseguran que «lo que se quiere es que este sistema no esté solo al acceso de algunas empresas y empleados, sino que se generalice». Por otro lado, en la inauguración de un foro sobre pensiones organizado por el diario Cinco días, Escribá aseguró que los planes colectivos en España suponen el 3% del PIB.
Esto supone unos 35.000 de euros, «una cifra bajísima» según el ministro, que evidencia el «infradesarrollo de estos productos financieros». Por eso se pone como objetivo potenciar este tipo de mecanismos para garantizar las pensiones de todos los españoles.
Sin embargo, a la hora de valorar la eficacia del sistema fiscal en España, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) aconsejó al Gobierno una revisión completa de los planes de pensiones. Con el informe en la mano, el Ejecutivo se propuso reducir estos planes y bajó de 8.000 a 2.000 euros la aportación máxima permitida.
A favor de los planes de pensiones
Una medida que no ha sido compartida por muchos. El presidente de la Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones (Inverco), Ángel Martínez-Aldama, defiende que «la previsión social debe seguir existiendo» y que 2.000 euros es demasiado limitado: «Si se estableciera en 4.000 euros habría un 15% más de ahorradores que podrían seguir aportando».
Martínez-Aldama quiere romper el estigma de que los planes de pensiones solo benefician a las clases, y para ello recuerda que sólo el 6% de los que ahorran en planes de pensiones declaran más de 90.000 euros, y solo el 10% declaran 70.000 euros.
Por su lado, el presidente y ex secretario de Economía y Empresa, Íñigo Fernández de Mesa, valora que la propuesta de reducir las aportaciones a planes de pensiones de 8.000 a 2.000 es una medida muy desafortunada porque elimina parte del atractivo de este sistema alternativo de ahorra que en España está menos extendido que en otros países.
La patronal también ha entrado en el debate. La CEOE también recurre a la AIReF para argumentar que este organismo «en su informe sobre beneficios fiscales publicado este verano, el coste real de la administración, derivado de este incentivo fiscal, son solo de 450 millones de euros, por lo que el argumento de que el fomento de la previsión es costoso para el Estado no es sustenta».
Un debate abierto
El debate está abierto, pero parece enfrentar de nuevo las dos almas del Gobierno de coalición: un sector más a la izquierda que persigue medidas más progresivas, y el bando conservador, encabezado por Nadia Calviño y José Luis Escrivá, que defienden este tipo de medidas menos populares pero pragmáticas.
El debate llega en un momento especialmente delicado, porque desde el estallido de la crisis económica derivada de los confinamientos a raíz de la pandemia del coronavirus, los expertos advierten que el sistema públicos de pensiones está en serio riesgo. Y todo, a las puertas del debate sobre los presupuestos donde se pondrán en evidencia todas estas diferencias.
Pero José Luis Escrivá, al mando del ministerio de Seguridad Social, tiene un plan, un modelo que pretende copiar del sistema vasco y que más allá de lo impopular que pueda caer en algunos sectores, está convencido de que puede acabar con el problema de las pensiones.