La reforma de las pensiones planteada por el Gobierno de Pedro Sánchez sigue en marcha. La nueva fórmula para calcular la jubilación es uno de los puntos más polémicos, ya que el ministerio de Seguridad Social quiere aumentar diez años, de los 25 a los 35, la base de cálculo. Esto supondría un recorte de las pensiones de hasta un 6%.
El Gobierno espera cumplir así con las exigencias de Bruselas, que pide una reforma del sistema de pensiones y el mercado laboral como contrapartida de las ayudas de los fondos de recuperación. Pero eso tendrá sus consecuencias en la nómina de los pensionistas.
Porque las matemáticas dicen que los primeros años de la vida laboral los salarios suelen ser más bajos y, al alargar el período de cálculo de la jubilación, las pensiones pierden valor. Si la medida se acaba incluyendo en la reforma, supondría un ahorro para el Estado pero conllevaría una rebaja en la nómina de los futuros pensionistas.
El Gobierno defiende que está atado de pies y manos porque es una medida impuesta por la Unión Europea para recibir las ayudas. Bruselas está dispuesta a ayudar a España en la recuperación económica, pero a cambio de las ayudas pide supervisar la ejecución de los fondos y obtener garantías de reformas estructurales en la economía española.
Esto pasa por reformas profundas en el sistema de pensiones y en el mercado laboral. España se encuentra inmersa en plena reforma de las pensiones para garantizar la sostenibilidad de un sistema tocado de muerte. El déficit estructural, agravado con la crisis económica, sumado al envejecimiento de la población, condenan el sistema público de pensiones a la bancarrota.
La prioridad del ministerio de Seguridad Social, en manos del socialista José Luis Escrivá, es encontrar fórmulas de ahorro como sea. Para ello se escuda en las exigencias de Europa: «Desde los órganos comunitarios se sigue con mucha atención lo que se va a hacer con estas prestaciones». Pero cuenta con una dura oposición en el seno del mismo Gobierno, en el sector de Unidas Podemos, encabezado por Pablo Iglesias.
Cambio en la revalorización
El sector económico del Gobierno defiende que con la nueva reforma se podría ahorrar hasta un 6% y asegurar la sostenibilidad de las pensiones. En cambio, el sector de Podemos está en contra de cualquier medida que suponga una pérdida del poder adquisitivo de los pensionistas.
De hecho, otro de los cambios introducidos en la reforma es el cambio del indicador para calcular la revalorización de las pensiones. Ahora se calculan con el IPC, un instrumento que permite elevar todos los años el poder adquisitivo de los jubilados en la medida que aumentan también los precios. Este año se ha calculado al 0,9%.
Pero lo que está generando controversia es el cambio en el cálculo de las pensiones, que al pasar a 35 años cogería los peores años de la vida laboral de los trabajadores. Una posible solución que contempla el Gobierno es que se eliminen los peores ejercicios y sea el propio trabajador quien escoja los años para realizar el cálculo. El actual sistema está en vigor desde 2011, cuando se aumentó la base de cálculo de los 15 a los 25.
El «plan Escrivá» para salvar las pensiones cuenta también con un castigo a la jubilación anticipada, y un premio a retrasar voluntariamente la jubilación. Dado que a la pràctica en España la gente se jubila antes de lo que marca la ley, el Gobierno quiere corregirlo rebajando las nóminas de los que se jubilen antes (siempre que no sea por causa de fuerza mayor) y dando una bonificación a los que se jubilen después de lo que marca la ley.
Una reforma en dos fases hasta enero de 2022
La reforma de las pensiones está planteada en dos fases. Un primer paquete de medidas llegará al Congreso durante el primer semestre de 2021, e incluirá la nueva fórmula para revalorizar las pensiones y endurecer la jubilación anticipada. La segunda fase se centrará en el debate sobre la ampliación del período de cálculo de la pensión. En total, se espera que todos los cambios estén en vigor en enero de 2022.
La prioridad ahora es alcanzar un consenso con los agentes sociales, algo que el ministro Escrivá cree que podrán lograr en pocas semanas. Al menos, para las medidas del primer bloque como «la fórmula de mantenimiento de forma permanente del poder adquisitivo de las pensiones, la reforma del sistema de jubilación anticipada y los nuevos incentivos de jubilación demorada para acercar la edad efectiva a la edad legal de jubilación».
En cambio, el ministro asegura que la ampliación del período de cálculo a los 35 años aún no se ha planteado a los agentes sociales en la mesa de negociación. Reconoce que es un tema complejo por la diversidad de situaciones y todavía no tienen datos suficientes para saber qué efectos podría tener.