El Gobierno de Pedro Sánchez incluyó en el plan de recuperación su intención de eliminar la tributación conjunta en el IRPF. Esta medida permitiría al Gobierno aumentar la recaudación y reducir el déficit, pero sería a costa de los pensionistas: un matrimonio de jubilados perdería 86 euros al mes si prospera la propuesta. Es decir, 1.034 euros al año.
Ante la polémica desatada, el Gobierno ha reculado y ayer, tras el Consejo de Ministros, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aseguró que «el Gobierno ni ha dicho, ni ha hecho, ni ha planteado tal reforma».
Pero lo cierto es que la medida iba incluida en el plan de recuperación enviado por el Gobierno a la Unión Europea el pasado viernes. Se trata del primer paso para que España reciba los 140.000 millones de euros de los fondos europeos. En el texto se puede leer: «Se incluye la paulatina desaparición de la reducción por tributación conjunta mediante el establecimiento de un régimen transitorio, debido a que genera un desincentivo a la participación laboral del segundo perceptor de renta, principalmente las mujeres».
Antes, el Gobierno había pedido a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) un informe sobre el beneficio fiscal de esta medida. Los cálculos dicen que la eliminación de la tributación conjunta en el IRPF impactaría de lleno en los pensionistas, y que en una pareja de jubilados con una pensión anual de 18.000 euros, perderían más de 1.000 cada año.
«No hay compromiso sobre esta materia, ni ningún tipo de reforma», insistió María Jesús Montero, «creo que en el contexto global el documento está perfectamente aclarado y no hace falta remitir aclaración adicional a la Comisión Europea». El Gobierno contrarresta así las críticas sufridas desde que se conoció su intención. Los expertos económicos lo definen como un «hachazo fiscal» que afectará a las familias más modestas. Además, critican la actitud errática del Gobierno, que presenta un plan y a las pocas horas lo rectifica.
Hacienda se reafirma en que el texto solo recordaba el estudio realizado por la Airef sobre beneficios fiscales, en el que se incluía la eliminación de la tributación conjunta. Existe además un comité de expertos formado por el Gobierno para impulsar una reforma fiscal y actualizar el sistema tributario a los nuevos tiempos. En el trasfondo está la intención de mejorar la eficiencia para garantizar la sostenibilidad del estado del bienestar.
Objetivo: aumentar la recaudación
La tributación conjunta en el IRPF permite a las familias juntar sus rentas en una misma declaración, lo cual supone 2.400 millones de euros menos para Hacienda. La medida afectaría a más de dos millones de familias, que suponen 4,2 millones de contribuyentes. Los que se acogen a esta declaración ahorran unos 1.100 euros al año, con lo cual, la nueva medida supondría un golpe también para todas esas familias.
El Gobierno lleva tiempo buscando fórmulas para aumentar la recaudación y reducir el déficit fiscal. Esta es, de hecho, la base del plan de recuperación para recibir los fondos europeos, pero para llevarlo a cabo hay que atacar las rentas y el patrimonio de las clases medias. Para suavizar el impacto que pueda tener sobre los hogares, se ha elaborado un discurso sobre la fiscalidad verde, la incorporación de la mujer al empleo y la cotización progresiva de los autónomos.
La reducción del déficit tiene que servir para garantizar la sostenibilidad del sistema público y, en este sentido, uno de los grandes pilares del plan de recuperación son las pensiones. A la larga, la intención es que el gasto público se dedique básicamente a la protección social y, en especial, a las pensiones. Aunque para eso, se necesita aumentar la recaudación, con medidas impopulares que, contradictoriamente, también perjudican a los pensionistas, como la eliminación de la tributación conjunta del IRPF.