El Gobierno de coalición se encamina hacia su año y medio de existencia con muchos retos de enorme calado sobre la mesa. Desde la derogación parcial de la reforma laboral del PP a la ejecución del plan de vacunación; desde la reformulación del sistema de pensiones a la llegada de los fondos de recuperación desde Bruselas: son muchos los temas que el Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez debe afrontar en los próximos meses y muchos de ellos son, sin duda, absolutamente determinantes para el futuro de nuestro país. Entre estas cuestiones de gran importancia también está la adecuación del marco fiscal. Hablando en plata: las posibles subidas y bajadas de impuestos.
Lo cierto es que la coincidencia y lo mucho que hay en juego este martes, 4 de mayo, en las elecciones a la Comunidad de Madrid hacen que durante los últimos días toda la atención se haya puesto en lo que ocurra en la Comunidad. La voluntad del Gobierno es pasar a un segundo plano y dejar los grandes anuncios para más allá del día 5 de mayo, a fin y efecto de no meter la pata y acabar con las pocas opciones de que la izquierda pueda sumar en la región. Pero aun así, el Ejecutivo ha sido noticia en los últimos días por la filtración de una posible subida de impuestos que, horas más tarde, han querido matizar.
Un incremento indirecto de los impuestos, pero con repercusiones sobre 4,2 millones de españoles
Vayamos por partes. El pasado viernes, el Gobierno de España entregaba a la Unión Europea el plan de recuperación, por el cual nuestro país va a recibir fondos procedentes de Europa por valor de 140.000 millones de euros hasta el ejercicio 2026. En el texto, y en concreto en su apartado correspondiente a las políticas de género, el Gobierno había incluído un párrafo muy claro: «Se incluye la paulatina desaparición de la reducción por tributación conjunta mediante el establecimiento de un régimen transitorio, debido a que genera un desincentivo a la participación laboral del segundo perceptor de renta (principalmente mujeres)».
Es decir, el Gobierno anunciaba la eliminación de la tributación conjunta de la declaración de la Renta, una bonificación que según datos de Hacienda beneficia a día de hoy al 18,5% de los contribuyentes. Es, pues, una medida que acarrea una subida indirecta de impuestos: las familias que habitualmente se acogen a esta medida no podrían hacerlo y, por consiguiente, deberían pagar más por su declaración de la Renta. Con la declaración para la tributación conjunta, se reduce la base imponible para aquellos que prefieran tributar de forma conjunta, por todas las rentas de la unidad familiar.
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) calcula que, con el cambio anunciado en el Plan de Recuperación, el Gobierno recuperaría el ingreso de 2.393 millones de euros. De esta forma, mediante la cláusula incluída en el texto enviado a Bruselas, el Ejecutivo estaba anunciando de forma velada una subida de impuestos a un número muy significativo de españoles: 4,2 millones de personas y 2,1 millones de familias contarían con una repercusión económica directa a causa de la eliminación de la tributación conjunta.
La decisión ha causado, durante el fin de semana, una fuerte polémica. A corte de ejemplo, la portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Cuca Gamarra, fue contundente en Twitter: «Sánchez asfixia otra vez a clases medias y familias. Socialistas y comunistas seguirán gastando y el resto pagando. Así soportamos los españoles con nuestro sueldo las nóminas de su macro-Gobierno y corte de asesores».
El Gobierno matiza: La medida no se pondrá en marcha «tal cual»
Pero el Ejecutivo ha querido abortar la polémica, y más en plenas vísperas de las elecciones madrileñas. Desde el Gobierno se han apresurado a matizar la propuesta, que Plan de Recuperación en mano es muy clara y no deja lugar a dudas. Según ha adelantado 'El País' este lunes, 3 de mayo, la medida no se va a poner en marcha tal y como viene reflejada en el documento enviado a Bruselas, por lo cual pocos días después de presentarlo, el Gobierno se ve obligado ya a matizar su contenido. Ahora bien, ello no significa que el Ejecutivo renuncie a aplicar la medida. Todo lo contrario.
Lo único que ha hecho el Gobierno es 'apagar el fuego' y desmentir la inminencia de la aplicación de esta medida: aseguran que, antes, van a esperar las recomendaciones de la Airef y el dictamen de los expertos en la reforma fiscal, que debe estar listo parcialmente en otoño y definitivamente en febrero de 2022. Con estas palabras, el Gobierno de Sánchez echa el freno a la polémica por una medida que tiene en mente y que va a aplicarse durante los próximos meses. Parece claro, aunque se hayan producido matices preelectorales, que la tributación conjunta tiene los días contados en España.