Salvador Illa en segundo plano escucha atento la comparecencia del Presidente del Gobierno Pedro Sánchez

El movimiento político que aclara si habrá confinamiento total en 10 días

El Gobierno esperará hasta el próximo 9 de noviembre para tomar una decisión

Aunque el Consejo Interterritorial de Salud es un órgano que solo tiene facultades para aprobar recomendaciones por consenso, el Gobierno lo ha convertido en un centro decisorio con el que está gestionando la epidemia. El pasado miércoles 4 de noviembre volvieron a reunirse y Pedro Sánchez aprovechó para posponer la posibilidad del confinamiento. 

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El presidente del país ha decidido esperar hasta el 9 de noviembre para barajar esa medida, a pesar de que ya son varias las autonomías que lo han solicitado y que alegan que el Gobierno quiere evitar la imposición de esta restricción como sea. 

El confinamiento domiciliario obligaría a Pedro Sánchez a decretar un nuevo estado de alarma o a modificar el que está en vigor en este momento. 

Pedro Sánchez quiere delegar la responsabilidad a los gobiernos autonómicos

Aunque Fernando Simón señaló hace unos días que si llegaban a tener que implantar el encierro debía ser de forma generalizada para todo el país. Desde las comunidades no descartan que el Gobierno delegue, nuevamente, las responsabilidades en los gobiernos autonómicos y, por lo tanto, que sean estos los que carguen con el peso de las decisiones impopulares. 

Sin embargo, la suspensión total de los derechos fundamentales es una competencia exclusiva del Estado y no se puede delegar y por el momento no es una opción que quieran imponer, como sí ha sucedido en otros países como Reino Unido o Francia.

Salvador Illa, el ministro de Sanidad, dijo en la reunión del Consejo Interterritorial que deberemos esperar «dos o tres semanas» para ver si dan resultado las medidas adoptadas antes de valorar la posibilidad del confinamiento. 

Lo único que pueden hacer las autonomías es solicitarlo. Algo que ya han demandado desde las comunidades en las que el virus no deja de expandirse, como Castilla y León que ya ha entrado en alerta 4, y donde han hecho eco de las palabras de los expertos epidemiológicos que defienden que esperar «dos o tres semanas», como plantean desde el Gobierno, es demasiado arriesgado porque entonces ya será tarde y los hospitales ya estarán saturados.

A pesar de que Génova facilitará la opción del confinamiento domiciliario en el Parlamento, para obtener un sí en esta medida será necesaria la aprobación del Gobierno.

Esta opción supondría un nuevo parón económico, motivo por el que otros políticos deniegan apoyarla, algo que también supone un problema. A pesar de mantenerse en contra de la imposición del confinamiento durante seis meses, en la última votación Pablo Casado, el presidente de Partido Popular, se absutvo de participar y su voto sería decisivo para imponer esta medida. 

Además, también supondría una brecha en la estrategia del Gobierno de coalición de desvincularse de la gestión de la pandemia tras haberse implantado en junio la desescalada y delegar, entonces, la responsabilidad en los gobiernos autonómicos.  Por lo tanto, la imposición del aislamiento supondría que Pedro Sánchez tuviera que implicarse más, cuando lo que quiere es mantenerse lo más alejado posible hasta que no le quede otra opción. 

El PNV podría volver a precipitar la decisión del Gobierno

Como ya sucedió con el toque de queda, podría ser un partido político regional el que precipite las decisiones. Desde la Moncloa tampoco querían imponer la restricción horaria e intentaron frenarla hasta que la urgencia del Partido Nacional Vasco (PNV) precipitó todo.

Tras la demanda del PNV de una solución ante el incesante aumento de contagios, al Gobierno no le quedó más remedio que decretar un nuevo estado de alarma. 

Ahora, Íñigo Urkullu, el lndakari, no descarta la posibilidad de aplicar el confinamiento domiciliario, una medida que ya se está barajando. No obstante, no ha querido confirmarla antes de tiempo para que no se genere alarma.

El País Vasco, como el resto de autonomías, se mantiene a la espera de la valoración de las restricciones aprobadas a finales del mes de octubre.