Las políticas migratorias empiezan a endurecerse en algunos países de Europa. Es lo que ocurre en Dinamarca, que ha anunciado de retirarle todo tipo de ayudas públicas a los inmigrantes que no contribuyan con el Estado.
El Ejecutivo danés propone que los inmigrantes que reciban subvenciones o con problemas de integración realicen algún tipo de tarea. Les obligarán a dedicar 37 horas a la semana a trabajos sociales o a contar con un empleo estable.
De esta manera retirarán las pagas a todos aquellos extranjeros que no estén activos y no coticen en el sistema público. La primera ministra, Mette Frederiksen, fue la encargada de anunciarlo hace unos días.
Un 11% de la población de Dinamarca es extranjera. Pero la intención es disminuir al máximo el número de solicitantes de asilo. Tienen claro hacia dónde debe dirigirse la economía nacional.
"Debe haber una coherencia más visible entre esfuerzo y prestación, entre derecho y obligación. Creemos que así habrá más mano de obra en el mercado de trabajo", apuntó el ministro de Integración.
Un trabajo para los inmigrantes desempleados
En cualquier caso, Mattias Tesfaye no es muy optimista con esta medida. Cree que solo 250 de los 20 000 afectados acabe obteniendo un trabajo estable. Entre los empleos que deberán ofrecer los ayuntamientos se encuentran las labores de mantenimiento y limpieza en playas y bosques.
Quieren que la población inmigrante permanezca ocupada, y que aporte su granito de arena a las arcas estatales. Por eso pueden buscarse una tarea "recolectando colillas de cigarrillos o plásticos" en los arenales, explicó el responsable de la cartera de Trabajo.
Cuentan que lo realmente importante es que "la gente salga de sus casas". Ya sean beneficiarios de estas ayudas desde hace tiempo o recién llegados al país.
La medida anunciada por la primera ministra está pensada para aquellos que se hayan beneficiado de las pagas durante los últimos cuatro años. Por lo general suelen tratarse de personas con bajo nivel académico y con un nivel bajo del idioma danés.
Sostienen que con este planteamiento se conseguirá facilitar su integración en el mercado laboral. La mayor parte de los extranjeros que llegan al país proceden de Afganistán, Pakistán, Turquía, norte de África y Oriente Medio. Estos estados representan el 60% de las nacionalidades de los inmigrantes parados en Dinamarca.
Las leyes cada vez son más duras con esta población. En junio pasado sacaron adelante un proyecto de ley que les permite deportar a los solicitantes de asilo fuera de la UE. Esto sería mientras consiguen el estatus de refugiados o se tramita la solicitud.
La medida, en principio, tiene todas las papeletas para salir adelante. Contó con el respaldo de la mayoría de partidos de la derecha, pero también de la oposición. Sin embargo, en el país no ha sentado del todo bien.
El representante de las comunas danesas, Jacob Bundsgaard, mostró su indignación con este plan. Duda de que el servicio comunitario sea lo más conveniente para los inmigrantes sin trabajo. No cree que "acerque a los ciudadanos a un empleo".
Por su parte, el portavoz del Consejo de Minorías Étnicas, Halima El Abassi explica que las grandes perjudicadas serán las mujeres. "O deciden renunciar al subsidio o se decantan por esos trabajos que no las van a ayudar en nada a largo plazo", señala.
Una opinión similar muestra la portavoz de Folketing, Mai Villadsen. Esta opción puesta sobre la mesa por el Gobierno "conducirá a un dumping social patrocinado por el Estado".
Ahora queda por ver si las medidas tomadas por el país escandinavo se acaban trasladando a otros estados de la Unión Europea. La situación económica que atraviesan algunos pueden llevarles a ser más estrictos con las políticas de inmigración.