Un país de la Unión Europea está decidido a retirarle las ayudas públicas a los inmigrantes. Así lo acaba de anunciar la primera ministra de DinamarcaMette Frederiksen. Su intención es que aquellas personas extranjeras que no trabajen ni coticen no tengan acceso al sistema público.
La socialdemócrata sostiene que "durante demasiados años hemos hecho un flaco favor a muchas personas al no pedirles nada". Una idea muy similar muestra el ministro de Trabajo, Peter Hummegard. Sostiene que "lo más importante para nosotros es que la gente salga de sus hogares".
Esta medida se incluye dentro de un paquete de reformas que ha presentado Dinamarca. Su política de inmigración se verá afectada con unas cuantas restricciones. Indican que el propósito de esto es mejorar la integración de esta población extranjera y equilibrar el sistema social.
En los últimos tiempos han visto como una cantidad importante de los recursos del país se destinaban a refugiados e inmigrantes. En un principio, la supresión de estas ayudas afectará a los desempleados extranjeros que perciban algún tipo de subvención.
La primera ministra añade que "queremos introducir una nueva lógica de trabajo", en donde las personas tendrán una serie de obligaciones. "Deben de contribuir y de ser útiles", apunta. En el caso de que no puedan encontrar un empleo regular les tocará "prestar algún otro tipo de servicio para conseguir sus subvenciones".
Esta propuesta está orientada principalmente para aquellos que lleven beneficiándose de las ayudas estatales durante cuatro años. También que carezcan de un cierto nivel de escolaridad y de conocimiento del idioma. La jornada de trabajo que propone para los inmigrantes es de como mínimo 37 horas a la semana.
El responsable de Trabajo especificó que puede tratarse de "un trabajo en la playa recogiendo colillas o plásticos o haciendo tareas en una empresa". Dinamarca se ha propuesto reducir a cero el número de solicitantes de asilo.
Quieren inmigrantes más integrados en el país
Desde hace tiempo observan también con preocupación la baja tasa de ocupación de un grupo de inmigrantes. En concreto el de las mujeres procedentes de Turquía, Oriente Medio y África del Norte. Entienden que con estas nuevas medidas conseguirán integrarse laboralmente.
En cualquier caso, este paquete de reformas debe ser aprobado por el Parlamento. Las mayores objeciones proceden de la bancada de la izquierda. La portavoz de Folketing, Mai Villadsen, cree que "esto conducirá a un dumping social patrocinado por el Estado".
El ejecutivo de Dinamarca vuelve a demostrar una vez más su interés en endurecer las políticas de inmigración. El pasado junio aprobó una Ley de Asilo que les facilitará las deportaciones a los solicitantes a centros situados fuera de la UE. Esto sería durante el periodo que dura la tramitación de solicitud.
Con ello persiguen que nadie pise el suelo danés si no es con permiso de refugiado en la mano. Para ello tratarán de llegar a acuerdos con otros territorios que se ocuparían de esos centros como si de una subcontrata se tratase. Conseguirían así una barrera para impedir la entrada de la inmigración.
Esta propuesta contó con el respaldo de 70 diputados y el voto en contra de 24. Frederiksen también ha retirado el permiso de residencia a los refugiados sirios, endureciendo además la Ley antiguetos.
Pretenden limitar el número de habitantes inmigrantes que pueden residir en cada barrio. La cifra que se marcan de aquí a una década es del 30%. En estas zonas se les obliga a escolarizar a los menores a partir del año, para que puedan socializar y aprender el danés.
En el caso de que una familia se niegue a cumplir con esta exigencia, se les retirará cualquier tipo de ayuda por parte del Estado.