Salvador Illa en segundo plano escucha atento la comparecencia del Presidente del Gobierno Pedro Sánchez

El Gobierno abre la puerta a un confinamiento total, pero de un modo distinto y ya se valora

La Ley de Salud Pública del 86 serviría para que las Comunidades Autónomas confinaran a su población sin necesidad del aval del Ejecutivo Central

Desde que se decretara el Estado de Alarma hace dos semanas, varias son las comunidades autónomas que han reclamado al ejecutivo ampliar el Estado de Alarma para que se incluya en él la posibilidad para las distintas regiones de confinar domiciliariamente a su población. De momento, Asturias, País Vasco o Melilla se han pronunciado en ese sentido, viendo la necesidad de aplicar medidas más restrictivas tras el aumento incesante de contagios de coronavirus.

El Ejecutivo, sin embargo, acaba de contestar a esta petición afirmando que las comunidades que lo requieran podrán decretar dicho confinamiento de forma independiente, sin la necesidad del paraguas del Estado de Alarma; según revela ‘El Confidencial’, fuentes próximas al Gobierno Central indican que la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, serviría para ordenar el encierro en casa de la población.

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De esta manera, la responsabilidad de la decisión recaería únicamente en cada Comunidad Autónoma. Además, podría realizarse un confinamiento por zonas concretas donde se detectaran niveles más altos de contagios, y no de forma generalizada en toda la región, como ya se hizo en Cataluña en su momento con ciertas poblaciones como Igualada, Ódena, Vilanova del Camí y Santa Margarida de Montbuí, que quedaron confinadas por el alto nivel de contagios que detectaron en marzo, cuando aún no se había decretado el Estado de Alarma.

Esa decisión se amparó en la citada la Ley Orgánica 3/1986, que recibió el aval del juez. Es así cómo ahora deberían actuar en general todas las comunidades autónomas que requieran o necesiten un confinamiento de su población.

No todos están de acuerdo

Sin embargo, a algunas regiones no convence esta idea y siguen asegurando que necesitan el aval de Estado de Alarma para confinar completamente sus regiones. Concretamente, fuentes próximas al presidente de Andalucía Juanma Moreno han asegurado a ‘El Confidencial’ que no tienen competencias para ello, y que como mucho podrían cerrar grandes superficies, comercios y hostelería, pero no decretar un confinamiento domiciliario.

Además, cualquier orden que implique restringir derechos fundamentales sin el Estado de Alarma de por medio, como el de la libre circulación de personas, requiere ser aprobada por un juez. Esto implicaría que en ciertas ocasiones, como ya ha pasado recientemente en algunas localidades en Madrid y Aragón, las medidas restrictivas fueran tumbadas por un juez y no llegaran a ver la luz.

Por ejemplo, en Madrid se anuló el cierre de la capital y otros municipios antes del puente de la Hispanidad, y en Aragón el Tribunal Superior de dicha comunidad determinó que la ley del 86 no era válida para aplicar dichas restricciones, asegurando que las administraciones no pueden restringir un derecho fundamental.

El Gobierno se resiste a ampliar el Estado de Alarma

Sin embargo, aún con esas, el Gobierno Central no quiere mover ficha de momento y se resiste a aprobar un Estado de Alarma más restrictivo que incluya el confinamiento domiciliario. ¿Por qué? Por el coste político y económico que conlleva para el país.

Para empezar, porque de momento la responsabilidad política de las medidas restrictivas sigue recayendo sobre las comunidades autónomas, o al menos, se comparte entre las regiones y el Ejecutivo Central, pues cada comunidad decide qué medidas tomar. Sin embargo, si el Gobierno Central tuviera que actuar con mano dura y aplicar un encierro domiciliario, toda la responsabilidad política de lo que sucediera recaería sobre él, algo que quieren evitar por el alto coste político que conlleva.

Es por eso que el Gobierno Central sigue pasando la pelota a las Comunidades Autónomas para que tomen sus propias decisiones, mientras va ganando tiempo para agotar todas las posibilidades. Precisamente, el ministro Illa se pronunció recientemente sobre la posibilidad de un confinamiento domiciliario, descartándolo por completo de momento, y manifestando que había que tener paciencia para ver si las medidas adoptadas hasta ahora surtían efecto, lo que suponía esperar al menos 15 días antes de tomar ninguna decisión más drástica.