Tras casi cuatro años de negociaciones, el Gobierno ha conseguido consensuar una serie de recomendaciones para las pensiones en la Comisión del Pacto de Toledo. El ministerio de Seguridad Social que dirige José Luis Escrivá lo celebra como un éxito, pero los expertos aseguran que las nuevas medidas no ayudarán a salvar las pensiones en España.
Varios especialistas ponen de manifiesto la deuda acumulada de 74.000 millones de euros en la Seguridad Social, que sumado al incremento del gasto previsto para los próximos años, creen que hará muy difícil garantizar la sostenibilidad de las pensiones.
El economista José Antonio Herce advierte que «solo ocho de las 22 recomendaciones del Pacto de Toledo tienen un impacto económico, y tres de ellas implican un signo negativo para la sostenibilidad del sistema». Según este experto, las recomendaciones no aseguran «en absoluto» que el sistema vaya a ser rentable.
Pero además, ve difícil diseñar una ley de reforma de las pensiones en función de la reforma que pretende el Gobierno, ya que en su opinión las recomendaciones «son muy ambiguas y en muchos casos contradictorias entre sí».
«Si las recomendaciones acaban siendo una ley, no sabremos qué hacer porque son ambiguas y contradictorias», afirma Herce, que pone como ejemplo que se pida a los jóvenes que confíen en el sistema mientras se alarga la edad efectiva de jubilación, cargando en sus espaldas el mantenimiento del sistema.
El economista también critica la recomendación 0 sobre garantizar el actual sistema de reparto. «Pide no hacer reformas radicales, o sea, que vamos a hacer lo mismo que hemos hecho otras veces y veremos qué pasa cuando dentro de cinco años empiecen a jubilarse la generación del baby boom», asegura.
Tampoco ve claro la eficacia de la recomendación 1, que incide en la necesidad de separar las fuentes de financiación: «Es increíble que en 2020 estemos hablando de esto cuando fue una de las primeras recomendaciones que hizo el Pacto de Toledo cuando se creó en 1995. Las últimas recomendaciones se hicieron hace diez años, ¿qué hemos hecho hasta ahora?».
Revalorización de las pensiones
Pero también lanza una advertencia sobre el aumento del gasto que supondrá la revalorización de las pensiones con el IPC. El economista estima que si a la nómina de 160.000 millones de euros para las pensiones de 2021 se le suma un 1% del IPC previsto para el año que viene, da como resultado 1.600 millones de euros.
Herce advierte que en algunos ejercicios la inflación será negativa, por lo que en su opinión lo mejor sería realizar una especie de «paguilla» para compensar a los pensionistas cuando la inflación sea menor de lo previsto. «El país está en una situación calamitosa, nos va a costar mucho esfuerzo salir de la crisis de la covid y sus consecuencias».
Por su lado, el director de la Fundación de Economía Aplicada (Fedea), Ángel de la Fuente, no ve razonable que las recomendaciones del Pacto de Toledo blinden a los pensionistas ya existentes, ya que en su opinión han estado protegidos y no han perdido poder adquisitivo. En su opinión, «habría que pedirles a algunos de ellos que aporten algo al reparto del coste de los próximos años», asegura.
En cuanto a la revalorización de las pensiones con el IPC, no ve descabellado que se pueda garantizar sólo para las pensiones mínimas, y que para el resto fuera con una especie de versión suavizada del Índice de Revalorizaciones de las Pensiones (IRP). Esto permitiría «rascar algo» y confiar el resto del esfuerzo a los impuestos, extender la vida laboral y otras medidas del mismo tipo.