La presión de las Comunidades Autónomas al Gobierno Central para que proponga legalmente el confinamiento domiciliario a las regiones que lo necesiten no cesa. De nuevo, en el último Consejo Interterritorial de Sanidad celebrado este miércoles, el confinamiento domiciliario ha sido puesto sobre la mesa por tres Comunidades Autónomas, que exigen al Gobierno Central herramientas jurídicas que les doten de la capacidad para decretarlo.
Se trata de Andalucía, País Vasco y Castilla y León, que han insistido al Ejecutivo para preparar un nuevo confinamiento domiciliario si la situación de la pandemia sigue empeorando y las medidas aplicadas por el Gobierno no funcionan.
Illa prefiere esperar
Según el ministro Illa, de momento no es una petición para aplicar en estos precisos instantes, pero el Gobierno sigue manteniendo la postura de esperar para ver si las medidas que han impuesto desde hace 2 semanas dan resultado y antes de decidir medidas más drásticas. Illa ha recalcado este miércoles que esto se podrá determinar dentro de dos o tres semanas.
Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, ha sido el más contundente de todos reclamando al Gobierno los instrumentos legales necesarios para tomar las decisiones precisas para controlar la pandemia; y que en todo caso, él asumirá el desgaste político de esta decisión.
Sus palabras no son baladí, pues el motivo principal del Gobierno para mantener un manejo expectante y prudente y evitar a toda costa el confinamiento domiciliario se debe principalmente al desgaste político que ello supondría.
El Ejecutivo pretende pasar la pelota a las comunidades autónomas para que sean ellas las que asuman la responsabilidad y el coste político de una medida tan drástica e impopular, como sería encerrar a la gente en sus casas por segunda vez.
Así que de momento, la responsabilidad política de las medidas restrictivas sigue recayendo sobre las comunidades autónomas, o al menos, se comparte entre las regiones y el Ejecutivo Central, pues cada comunidad decide qué medidas tomar. Sin embargo, si el Gobierno Central tuviera que actuar con mano dura y aplicar un encierro domiciliario, toda la responsabilidad política de lo que sucediera recaería sobre él.
El Ejecutivo sigue pensando que el confinamiento es cosa de las regiones
Hace unas semanas y ante la insistencia de ciertas autonomías de que el Ejecutivo ampliase el Estado de Alarma para permitir el confinamiento domiciliario, el Gobierno afirmó que las comunidades que lo requieran podrían decretar dicho confinamiento de forma independiente, sin la necesidad del paraguas del Estado de Alarma. Según reveló ‘El Confidencial’, fuentes próximas al Gobierno Central indicaron que la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, serviría para ordenar el encierro en casa de la población.
Esta ley permitiría realizar confinamientos selectivos por zonas concretas donde se detectara una alta tasa de contagio, y requeriría de una aprobación judicial. De hecho, esta ley fue la que se utilizó en marzo en Cataluña, cuando aún no se había decretado el Estado de Alarma. Entonces se decidió confinar las poblaciones de Igualada, Ódena, Vilanova del Camí y Santa Margarida de Montbuí.
Esa decisión se amparó en la citada la Ley Orgánica 3/1986, que recibió el aval del juez. Ahora, la intención del Gobierno es que las regiones utilicen esta herramienta jurídica para decretar los confinamientos domiciliarios que tanto piden.