El mercado de los alquileres en España experimentará importantes cambios cuando entre en vigor la nueva ley de vivienda del Gobierno. El borrador del texto aún no se ha hecho público, pero sabemos que la regulación de precios se aplicará de distinta forma. Dependerá de si el propietario del inmueble es un particular o una empresa con más de 10 propiedades.
También habrá distinción entre las zonas consideradas tensionadas, donde el acceso a la vivienda es más difícil, y el resto. Además, los que tengan pisos desocupados podrían sufrir castigos fiscales. A continuación, te presentamos las principales claves para entender los principales puntos del acuerdo sobre la vivienda:
¿Qué se considera una zona tensionada?
El Gobierno avanzó que la regulación de precios dependerá de si la zona afectada se consideraba tensionada o no. Quedará en manos de las comunidades autónomas comunicar al Ejecutivo central cuáles son las zonas problemáticas de su territorio. Se trata de aquellos lugares en los que los precios del alquiler han subido notablemente en los últimos años.
Por ahora, y a falta de leer el texto completo, no se tiene constancia de una unidad geográfica concreta (si irá por barrios, ciudades, regiones metropolitanas, etc.). Lo que sí que habrá que cumplir serán dos requisitos concretos.
El primero es que el precio medio del arrendamiento en la zona seleccionada haya crecido en los últimos cinco años más de cinco puntos por encima del IPC. El segundo, que el importe del dinero represente más del 30% de la media de ingresos por hogar de la zona. En definitiva, que las unidades familiares se vean obligadas a pagar más de un 30% de su sueldo a pagar el alquiler.
¿Cómo se regularán los alquileres?
Una vez identificadas las zonas problemáticas, para aplicar la regulación de las rentas, tendremos que fijarnos en el propietario. El Gobierno diferenciará entre los particulares y los grandes propietarios, estos últimos con más de 10 viviendas en propiedad. Es muy importante tener en cuenta esta distinción, ya que se actuará de forma diferente en cada caso.
En el primero, la principal vía de regulación para los particulares serán los incentivos fiscales. En el caso de los grandes propietarios de inmuebles, como los fondos buitres, sí que se establecerán topes de precios.
De todas maneras, en los dos casos, el inquilino podrá exigir una prórroga forzosa del contrato mientras esté en una zona tensionada. Por tanto, aunque se le acabe el contrato, tiene derecho a prolongarlo en las mismas condiciones, aplicando la subida anual del IPC.
En el caso de los grandes propietarios, a los que se les limitarán los precios que podrán cobrar, el valor de las rentas vendrá determinado por el máximo que fije el índice de precios. Se trata de una estadística del ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, basado en los datos de Hacienda.
Aquí surge otro problema, ya que esta referencia podría quedarse desactualizada. No queda claro si otros indicativos, como los que desarrollan algunas comunidades autónomas con los depósitos de las fianzas, se tendrán en cuenta.
¿Cómo afectará la ley a los particulares?
Actualmente, la mayor parte del mercado inmobiliario está en manos de propietarios particulares. En estos casos, los precios de los alquileres seguirán siendo los que libremente acuerden las partes en los contratos. Eso sí, para que no se vean tentados a subir precios, la nueva ley propone incentivos fiscales para los caseros.
Actualmente, el alquiler se bonifica con un 60%, es decir, que por cada 6 euros de 10 no se tributa en la declaración de IRPF. La nueva ley reduce esa bonificación al 50%, pero lo sube al 90% si, en una zona tensionada, el casero baja el precio del contrato anterior al menos un 5%. Si, por el contrario, opta por subirlo, la bonificación bajará del 50%, y podría incluso desaparecer.
En zonas que no se consideren tensionadas, la bonificación del 50% también podría aumentar, bajo ciertos requisitos. Por ejemplo, si la vivienda puesta en alquiler está acabada de reformar, la bonificación sube al 60%. Si se pone en alquiler social o se cede a un ente público o similares, llega al 70%, el mismo porcentaje que se aplicará si los arrendatarios son jóvenes de entre 18 y 35 años.
¿Qué pasa con las viviendas vacías?
Un gran problema pueden ser las viviendas vacías, que este año son más de 3,4 millones de inmuebles, según el INE. En estos casos, el Gobierno reforzará la potestad de los ayuntamientos para penalizar fiscalmente a los propietarios a través del IBI.
Se trata de una posibilidad contemplada desde hace ya más de una década. Sin embargo, la falta de una definición clara sobre lo que se puede considerar vivienda vacía ha complicado su aplicación. Ahora, estas viviendas podrán ser penalizadas con un recargo del impuesto de hasta el 150%, si así lo considera el consistorio correspondiente.
Esta posibilidad afectará solo a aquellos propietarios de cuatro o más inmuebles, empresas o particulares, que no justifiquen la falta de ocupación de su vivienda. No afectará a las segundas residencias ni tampoco a las que no encuentran comprador o arrendatario aunque lo intenten. Los inmuebles utilizados para desplazamientos laborales o de formación, así como los que estén en obras o litigio también se salvan.
¿Quién y cómo cobrará los 250 euros del bono joven?
Otra gran novedad avanzada por el Gobiernoes una ayuda directa de 250 euros para los jóvenes de entre 18 y 35 años, que acrediten renta baja. Solo se beneficiarán aquellas personas que perciban unos ingresos por su trabajo que no superen los 23.725,8 euros.
La cantidad se abonará durante máximo dos años (6.000 euros en total), y el Ejecutivo estudia cómo combinarla con el resto de ayudas a la vivienda. Según Pedro Sánchez, la idea es que, de forma conjunta, el apoyo para el pago del alquiler llegue hasta el 40% de la renta total.
No se sabe con exactitud cuántos jóvenes podrán beneficiarse de esta ayuda. Según la Agencia Tributaria, en 2019 casi 5 millones de jóvenes habrían sido susceptibles de cobrarla, según sus ingresos. Ahora bien, habría que ver cuántos de ellos viven de alquiler, y qué pasa cuando se comparte piso.
¿Entrará en vigor este año?
Tras el anuncio del Gobierno, el siguiente paso sería la aprobación del borrador en el Consejo de Ministros, y su posterior envío al Congreso de los Diputados. Seguiría un largo proceso legislativo, por lo que es poco probable que este año entre en vigor.
En el documento remitido por el Gobierno a Bruselas para recibir los fondos Covid, el horizonte para la aprobación definitiva se establecía para el 2o semestre de 2022. Con el bono joven de 250 euros, en cambio, todo depende de si se tramitará dentro de la ley o en los Presupuestos de 2022.