El asesinato de la joven Laura Luelmo y el crimen de Lardero, que acabó con un niño de 9 años muerto, han reabierto el debate sobre la reinserción penal en España.
Ambos casos han conmocionado enormemente a todo nuestro país y han provocado una oleada de indignación dentro de la sociedad. Especialmente por la impotencia que producen este tipo de crímenes cometidos por personas que ya tienen delitos de sangre en su historial.
Ante esta situación, son muchas las voces que se han alzado en contra de un sistema penal que ha demostrado fallar en varias ocasiones. Los casos de Francisco Javier y Bernardo Montoya son un claro ejemplo de ello.
Los dos exreclusos no tardaron en volver a matar tras pasar un largo tiempo en la cárcel. Lo hicieron avalados por el propio sistema penitenciario que, erróneamente, los consideró aptos para volver a vivir en sociedad.
Francisco Javier: el asesino del niño de Lardero reabre el debate de la reinserción
El primero de ellos ha vuelto a protagonizar titulares tras asesinar presuntamente a un niño de 9 años en Lardero.
Durante la última celebración de Halloween, el pequeño se encontraba jugando en un parque de su localidad cuando Francisco Javier Almeida lo llevó engañado hasta su casa.
Los padres del niño se dieron cuenta de su ausencia rápidamente y las autoridades no tardaron en llegar a casa del presunto asesino. El hombre estaba fichado por la policía y por los vecinos del pueblo, que ya habían denunciado recientemente varios intentos de secuestro a menores.
Aunque solo habían pasado 15 minutos desde la desaparición del menor, ya era demasiado tarde y el niño fue encontrado sin vida en el domicilio de Francisco.
Ya en agosto de 1998, el conocido pederasta había estremecido a la región tras violar y matar a puñaladas a una agente inmobiliaria.
Años atrás ya había sido condenado por agredir sexualmente a una menor, por lo que todos tenían en mente que podría "volver a actuar". De ahí la indignación social ante la liberación de una persona que, según algunos expertos, nunca podrá vivir en sociedad.
"Este tipo de perfiles criminales se adaptan perfectamente a la vida en la cárcel. Su comportamiento es ejemplar, modélico. Incluso consiguen informes favorables de las juntas de tratamiento. No tienen tratamiento ni reinserción posible", señalaba la criminóloga y abogada penalista, Beatriz de Vicente, en Antena 3 Noticias
Bernardo Montoya, acusado de matar y violar a la joven Laura Luelmo de 26 años
El segundo de los reincidentes está siendo actualmente juzgado por, presuntamente, secuestrar, agredir sexualmente y asesinar a Laura Luelmo. Una joven de 26 años que se acababa de mudar a El Campillo, en Huelva, procedente de Zamora.
Los hechos ocurrieron el pasado 12 de diciembre de 2018 y la policía no tardó en sospechar de Bernardo, que ya tenía antecedentes penales por asesinato, entre otros delitos.
Aquel fatídico día, Montoya habría abordado a la joven cuando regresaba a su domicilio tras hacer la compra en un supermercado cercano. La habría golpeado con fuerza y arrastrado hasta su casa malherida para agredirla sexualmente y deshacerse más tarde de su cadáver.
El presunto asesino fue detenido tan solo tres días después de la desaparición de la joven. Un día antes, su cuerpo sin vida había sido hallado en un lugar conocido como Las Mimbreras.
Tres años después del crimen, Bernardo está siendo juzgado y la Fiscalía pide para él 32 años de cárcel, así como la condena de prisión permanente revisable.
En esta ocasión, la justicia si podría impedir que el delincuente salga de la cárcel y vuelva a cometer un nuevo crimen.
Sin embargo, cabe recordar que esta pena máxima no implica en ningún caso una cadena perpetua.
La revisión judicial periódica de la condena resulta imprescindible para garantizar la constitucionalidad de la ley. No podemos olvidar que el principio básico de nuestro sistema penitenciario es la reinserción de los presos.
"Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social y no podrán consistir en trabajos forzados", reza el apartado dos del artículo 25 de la Constitución española.
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