El documental de Rocío Carrasco emitido en Telecinco ha provocado un gran revuelo dentro de las instituciones públicas.
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No solo por el apoyo masivo que recibió su protagonista por parte de algunos cargos políticos, como la Ministra de Igualdad, Irene Montero, y la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra. También por la investigación que se ha abierto en Valencia contra siete funcionarios públicos.
Concretamente, la Fiscalía valenciana ha iniciado diligencias contra los siete empleados por presuntamente acceder de manera indebida al expediente de violencia de género de Rocío Carrasco.
Se trata de una acción que los acusados habrían llevado a cabo tras la emisión del primer capítulo y sin tener autorización para ello. Un hecho que podría ser constitutivo de un delito de descubrimiento de secretos según el artículo 197.2 del Código Penal.
7 funcionarios denunciados por acceder al expediente judicial de Rocío Carrasco
Hace unos meses, el documental de Rocío Carrasco desató un aluvión mediático sin precedentes en nuestro país.
En Rocío, contar la verdad para seguir viva, la protagonista ha compartido su testimonio sobre los supuestos malos tratos que ha sufrido a manos de su exmarido, Antonio David.
La hija de Rocío Jurado y Pedro Carrasco sacaba a la luz su versión de los hechos tras haber sido víctima del acoso mediático promovido por el padre de sus hijos.
El que fuera colaborador de Sálvame llevaba 20 años viviendo de los medios de comunicación y rentabilizando la batalla judicial que tenía con su exmujer. Algo que hizo a través de sus constantes apariciones en portadas de revistas y en programas de televisión.
Sin embargo, la serie documental sirvió para desmontar, en gran parte, muchos de los episodios que se habían dado por ciertos tras escuchar únicamente la versión de Antonio David.
El exguardia civil había sido denunciado por un delito de lesiones psicológicas continuadas, abriendo un caso que fue derivado al Juzgado de Violencia de Género.
A lo largo de la serie documental, Rocío Carrasco aportó muchas pruebas documentales (sentencias, autos, exámenes psicosociales...) sobre este proceso judicial que ha sido sobreseído provisionalmente.
El exguardia civil nunca llegó a ser juzgado y la hija de Rocío Jurado sigue buscando formas de reabrir el caso ante la justicia.
Bajo este contexto, algunos funcionaros habrían aprovechado su cargo para acceder indebidamente al expediente de violencia de género de Rocío Carrasco. Lo habrían hecho a través del sistema de vigilancia de víctimas de violencia machista, Viogén, cuyo acceso está restringido y controlado.
Los funcionarios están investigados por un delito de descubrimiento de secretos
Los hechos se remontan al pasado mes de marzo, cuando se detectó que una decena de personas con acceso al sistema Viogén habían entrado a consultar el expediente de Rocío Carrasco.
Cabe señalar que se trata de una plataforma a la que solo tienen acceso las autoridades policiales, los jueces y los funcionarios que trabajan en Servicios Sociales.
Tras lo ocurrido, se inició una investigación para comprobar que los trabajadores públicos no tenían ninguna relación con el caso.
Todos ellos, pertenecientes a diferentes oficinas de las localidades de Alzira, Ontinyent, Moncada, Catarroja y Sueca, fueron apartados de sus trabajos y finalmente siete han sido denunciados.
Desconocemos los motivos que llevaron a los empleados a acceder indebidamente a este expediente. Quizás fue un intento por comprobar si las pruebas y documentos que acompañaron el relato de Rocío eran ciertos. O tal vez fue simple curiosidad e interés por profundizar en el tema.
En cualquier caso, los funcionarios públicos han puesto en peligro su trabajo y podrían ser procesados por un posible delito de descubrimiento de secretos e incluso ir a la cárcel.