El horizonte judicial del vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, se complica. Tras los últimos avances de la investigación sobre su supuesta participación en la destrucción de la tarjeta de su ex asesora Dina Bousselham, ahora se suman nuevos problemas para el líder de Unidas Podemos, que ha sido denunciado.
El partido Vox ha denunciado ante la Fiscalía Anticorrupción al vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, a su asesora, Dina Bousselham, y a su abogada, Marta Flor. También al fiscal Ignacio Stampa por seis delitos: denuncia falsa, falso testimonio y simulación de delito, estafa procesal, tráfico de influencias y revelación de secretos.
El pasado viernes, la Fiscalía anunció que lo estaba investigando, tras haber trascendido unas conversaciones de Whatsapp en las que la abogada de Pablo Iglesias, Marta Flor, reconocía haber presionado a los fiscales Anticorrupción para que les ayudaran en el caso.
Vox ha reconocido que no tiene acceso al procedimiento seguido por la Audiencia Nacional, más allá de las noticias de los medios. Sin embargo, pone en valor la información sobre el procedimiento judicial «coincidente» y «la falta de desmentido», argumentos suficientes según Vox como para considerar indicios sólidos para el inicio de una investigación.
Según la vicesecretaria nacional jurídica de Vox, Marta Castro, la causa de la denuncia se halla en la denuncia de la asesora de Podemos del robo de su móvil. «Se están revelando hechos que ponen muy en entredicho la veracidad de la denuncia, a la luz de las contradiciones y la investigación judicial que muestra que Pablo Iglesias tuvo en su poder una copia de la tarjeta», dice la abogada de la formación conservadora.
Tras revelarse las conversaciones del chat de Podemos, la abogada lo tiene claro: «Al parecer, todo obedece a una estrategia política debidamente orquestrada por Iglesias, de la que Podemos se benefició de la causa contra Villarejo estando entonces, en 2015, cerca de las elecciones».
Vox alega en la denuncia que la abogada de Podemos tuvo acceso a información secreta del caso Villarejo a través de uno de los fiscales Anticorrupción. Las contradicciones y las fechas ofrecidas implican directamente al vicepresidente Iglesias, según la formación.
El pasado 14 de febrero la Fiscalía ya incoó un expediente a instancia de denuncia de un particular que pedía que se investigara la imparcialidad del fiscal encargado del caso Tándem, a la vista de las informaciones sobre la relación entre el fiscal y una de las abogadas que intervenían en el proceso. El caso fue archivado poco después.
Fiscalía acepta ahora la investigación
Ahora, Vox ha solicitado que se aporten a estas diligencias las que se practicaron en aquella denuncia y la personación en las que ahora se inciden. Piden que se tome declaración a los cuatro denunciados, y acceder a toda la documentación.
Por su lado, el vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que rompa su silencio y explique si conocía el presunto chivatazo de la Fiscalía a Pablo Iglesias. El PP responsabiliza así a Sánchez de lo que llaman «escándalo Iglesias», al haber puesto al líder de Podemos como vicesecretario.
El juez Manuel García Castellón retiró la condición de perjudicado del caso Villarejo al vicepresidente segundo del Gobierno y líder de Podemos, en relación al robo del móvil de su exasesora Dina Bousselham.
Por otro lado, ayer se supo que la Fiscalía no recurrirá las últimas diligencias del juez del caso Dina en las que solicitaba un informe a la policía científica sobre quién destruyó la tarjeta. Según fuentes jurídicas, Fiscalía Anticorrupción tampoco se opondrá a la petición de una pericial en el Reino Unida a la empresa que intentó recuperar sin éxito el contenido de la tarjeta.