El vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, atraviesa un horizonte judicial incierto por varios casos. Según ha trascendido ahora, el líder de Podemos estaría recibiendo ayuda de la justicia en algunos de ellos. Es el caso que le involucra en la supuesta cuenta opaca del secretario general del partido en la isla de Granadina, del que ahora se ha conocido un dato relevante.
Los fiscales anticorrupción del caso Villarejo ofrecieron su ayuda para que el Tribunal Supremo aplazara una sentencia vital para Pablo Iglesias. Así lo revelan los mensajes publicados por su abogada, Marta Flor, en un chat de Podemos. En ellos se muestra que el equipo jurídico de la formación se coordinó con los fiscales para suspender el pronunciamiento en ese caso.
Los mensajes confirman que hubo una connivencia entre Podemos y el Ministerio Fiscal en la Audiencia Nacional, pero también en otras causas. El mensaje definitivo que lo demuestra lo compartió la abogada en Telegram: «Los fiscales quieren ayudarnos en esto».
Los primeros mensajes se remontan a septiembre de 2018. Pablo Iglesias había perdido la demanda contra OK Diario por publicar que había recibido 272.325 dólares del Gobierno de Venezuela. El líder de Podemos recurrió, pero la justicia tumbó sus recursos y confirmó que la información era veraz, contrastada y de interés general.
A mediados de 2018 sólo le quedaba recurrir ante el Tribunal Supremo, y temía que sus jueces fallaran también a favor del periódico que dirige Eduardo Inda. El caso Villarejo se convirtió entonces en un salvavidas para Iglesias, que centró sus esfuerzos en encontrar un vínculo entre el comisario y OK Diario para que el Supremo se decantara a su favor.
La operación contra Villarejo se produjo el 1 de noviembre de 2017 y pronto llegaron las primeras noticias favorables para Iglesias. En verano de 2018 los fiscales contaron a la abogada de Iglesias y de su asesora Dina Bousselham que en los registros de la Operación Tándem se había encontrado información relacionada con el caso pendiente en el Supremo.
Estos datos les permitirían presentar un escrito para que el Supremo no se pronunciara sobre el caso de las cuentas opacas en Granadina hasta que el juzgado de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional declarara si había encontrado elementos que pudieran influir en su valoración.
'Quieren ayudarnos en esto'
Aún faltaban siete meses para que se abriera la pieza separada por el robo del móvil de su asesora, Dina Bousselham, pero los fiscales del caso ya estaban al tanto de que en la vivienda de Villarejo se había encontrado una copia de la memoria del dispositivo.
El 6 de septiembre de 2018 la abogada Marta Flor escribió en el chat de Telegram que había preguntado directamente a los fiscales de Tándem por lo de Inda: «Ha dicho que hay suficiente para paralizar lo del Supremo pero que han estado ahogados con los recursos en agosto. Que quieren ayudarnos en esto», desveló.
Los mensajes del grupo interno de Podemos indican que los fiscales les proporcionaron información confidencial sobre esa línea de Tándem para que pudieran preparar su estrategia contra OK Diario en el Supremo.
El asunto volvió a tratarse en el chat del equipo jurídico el 28 de septiembre de 2018. Podemos necesitaba que los fiscales se pronunciaran rápidamente en la Audiencia Nacional a favor de la admisión a trámite de la querella para tener más argumentos para que el Supremo aceptara aplazar la sentencia.
Flor dejó por escrito que ya había tratado el asunto con los fiscales, que tenían que «informar rápido porque no nos iba a valer solo presentar la querella sino que tendríamos que tener alguna resolución como que los hechos entran en Tándem para asegurar la suspensión».
Cuando apareció la pieza separada por el robo del móvil a Bousselham, los fiscales permitieron que no se ofrecieran acciones legales a otras posibles víctimas de la difusión de los datos del móvil para que el líder de Podemos pudiera presentarse como víctima de las cloacas del estado. Iglesias acabó solicitando la paralización de la tramitación de la querella en el Supremo.