La muerte de 5 mujeres a manos de sus parejas en una misma semana en España ha reabierto el debate sobre los protocolos de protección de las víctimas. Al menos en dos casos, las fallecidas habían interpuesto una orden de alejamiento que no sirvió para que sus verdugos las encontraran y las mataran.
El repunte de la violencia machista ha consternado a toda España y ha provocado la reacción del propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que se comprometió a revisar el sistema de vigilancia y control de los agresores. Se trata de una cuestión fundamental para ofrecer más seguridad a las mujeres que deciden denunciar a sus maltratadores.
El Confidencial trae hoy un caso práctica de las mujeres cuyas vidas dependen de estos sistemas de protección. Verónica Saldaña, empresaria de 33 años y madre de dos niños, lleva un año viviendo con una orden de alejamiento del padre de sus hijos. Tomó la decisión en un momento muy duro, a finales de 2019, cuando uno de sus pequeños confesó haber sufrido abusos por parte de su progenitor.
Verónica decidió cortar de raíz toda convivencia con su pareja, y ese fue el detonante del acoso que viene recibiendo desde entonces. Los meses siguientes recibió amenazas a través de Whatsapp, en las que utilizaba a los niños para meterle miedo: «Piensa bien las cosas, que van a terminar muy mal. No voy a dejarte en paz». Incluso le llegó a mandar un vídeo en el que ensalzaba la figura de José Bretón, el parricida que mató a sus hijos para vengarse de su ex pareja.
Al principio, y como les pasa a muchas víctimas, Verónica no había dado importancia a los malos tratos porque no había violencia física de por medio. Finalmente decidió poner el caso en conocimiento de la policía, pero el juez se negó a decretar una orden de alejamiento después de que él le amenazara con clavarle unas tijeras en el cuello. Aunque las cámaras captaron al agresor entrando en su negocio para robarle y romperle el local, el juez dictaminó que no existía un riesgo real al no poder saber si ella estaba dentro.
La policía sí determinó que había riesgo para la vida de Verónica, y puso en marcha el sistema de protección para casos de violencia de género, el VioGen. Su decisión está apoyada además por la Fiscalía, tras constatar que el agresor ha intentado ponerse en contacto con ella a través de las redes sociales.
Fallos en el sistema de protección
El plan VioGen prevé la vigilancia policial periódica en el domicilio de la víctima y un plan para evitar el acoso, desde cambiar el número de teléfono y los seudónimos en redes sociales, hasta alternar rutas, instalar alarmas y enseñar a los niños a reaccionar ante una situación violenta. «Al final decidí mudarme a Tarragona», asegura Verónica, «pero el juez me ha hecho volver a Madrid porque no se podía cumplir el régimen de visitas».
Pero su dirección en Madrid constaba en la documentación judicial y por lo tanto estaba al alcance del agresor, así que tuvo que cambiar otra vez de domicilio. Además, el acoso no cesa: «Sigue escribiéndome, amenazando con matarme, me dice que hay mucho campo vacío, pero nadie hace nada». Y en el último juicio le dijeron que tenía que entregar el móvil pero al final se lo llevó. Por eso Verónica vive con miedo: «Al final me va matar y lo único que me tranquiliza es que así, al menos, ya no matará a mis hijos».
Evitar que continúe la sangría
La sucesión de muertes por la violencia machista la semana pasada aumentó el temor de Verónica, que no quiere acabar como Warda, Betty, Lucia, Tere y Katia. «Quizás es el momento de controlar más a los agresores», aseguró la delegada del Gobierno para la violencia de género, Victoria Rosell. El problema es que muchas veces las órdenes de alejamiento no van acompañadas de medidas concretas para garantizar la seguridad de las víctimas. Y eso, al mismo tiempo, disuade a muchas mujeres de denunciar a su agresor.
Si un juez dictamina una orden de alejamiento pero no se ponen los medios para hacerla efectiva, esta orden queda a la voluntad del agresor de cumplirla o no. Incumplir la orden es un delito, pero mientras se lleva a juicio pueden pasar un año o dos en los que el agresor tiene tiempo para cumplir sus amenazas.
De las 41 víctimas mortales en 2020, seis habían denunciado previamente y cuatro habían recibido medidas de protección. Además, hay que sumar las mujeres que no mueren pero que sufren violencia psicológica o lesiones físicas. El reto ahora es modernizar los sistemas de protección de las víctimas para evitar que las cifras aumenten.