Cartel en el servicio de prestaciones del ministerio de Trabajo

Las trabajadoras de España que llevan meses sin cobrar pese a las promesas de Sánchez

Las empleadas del hogar forman el colectivo más vulnerable cuyas condiciones se han agravado por la crisis

En su último balance de la acción de gobierno, el presidente Pedro Sánchez se puso la medalla de las medidas de protección social para no dejar a nadie atrás en la crisis. En algunos casos parecen más buenas intenciones que otra cosa, ya que las trabajadoras domésticas llevan cuatro meses esperando cobrar las ayudas prometidas por el Gobierno.

La prioridad del Gobierno desde que estalló la crisis del Coronavirus ha sido proteger a los sectores más vulnerables. Entre ellos se encuentran las trabajadoras del hogar, con un empleo de los más precarios en cuanto a derechos y en situación de fragilidad derivado de la falta de protección ante las restricciones del confinamiento y la crisis económica.

Una gran parte de las empleadas trabaja sin contrato y en condiciones difíciles, algo que con la crisis del Covid se ha agravado: muchas han perdido su empleo, sin derecho a paro y sin la protección prometida por el Estado. 

El calvario de estas profesionales empezó con el decreto del estado de alarma el 14 de marzo, fecha en la que muchas de ellas fueron despedidas sin derecho a indemnización. El 1 de abril el Gobierno anunció un subsidio extraordinario para las empleadas del hogar. El plazo para solicitarla se abrió el 5 de mayo, un mes y medio después del estado de alarma.

Según el ministerio de Trabajo, el 2 de julio se habían presentado 32.000 solicitudes y una semana más tarde se habían admitido sólo 67 de ellas. No hay actualización de datos después de esa fecha. La cifra de solicitudes representa una pequeña parte del colectivo, ya que al acabar 2019 había 580.000 personas ocupadas en actividades del hogar.

De hecho, esta poca transparencia resulta extraña si lo comparamos con otros subsidios aprobados como el caso de los ERTE, para los que se han ido actualizando los datos sobre el número de solicitudes recibidas y aprobadas ante las quejas por no haberlo cobrado. 

Las asociaciones aseguran que encontrar a una trabajadora del hogar que haya cobrado el subsidio es como buscar una aguja en un pajar. La totalidad de las diversas asociaciones y grupos de trabajadoras de este colectivo se unen para visibilizar la situación y provocar una reacción en las instituciones.

Una de las portavoces, Carolina Elías, explica que al comienzo de la pandemia el Gobierno prometió una serie de ayudas para los trabajadores, entre los que no estaban las empleadas del hogar. Más adelante las trabajadoras consiguieron que las incluyeran en los subsidios extraordinarios, aunque olvidando a gran parte del colectivo que trabaja sin contrato.

Tratan de sobrevivir

Las que han podido han tirado de sus ahorros, otras han acudido a familiares o se han unido a cajas de resistencia que se han creado en algunos lugares. Pero también ha habido una parte que ha sobrevivido aceptando trabajos en condiciones peores y en situación de internas, una modalidad que quieren abolir por lo esclavizante que resulta.

El subsidio tiene un proceso complejo y poco accesible. Desde el colectivo dicen que muchas trabajadoras no tienen una firma digital, imprescindible para optar al subsidio. Además las trabajadoras se enfrentan a un menosprecio institucional a pesar de ser consideradas como esenciales debido a los cuidados.

Los sindicatos avisan que el problema viene de atrás por el abandono de los sucesivos gobiernos de este colectivo. La crisis ha agravado las condiciones para la rama de actividad con el salario más bajo y, además, el gasto por hogar en servicio doméstico ha vuelto a bajar.

Los sindicatos defienden que el subsidio es un primer paso para garantizar sus derechos, como el de cobrar una prestación por desempleo. Pero también dicen que hay que ir más allá y construir un sistema de protección con derecho a cotización y paro.

El silencio del gobierno, dicen, es una muestra del desprecio hacia ese colectivo. Un ejemplo de la situación desesperada lo representa Sonia, una cuidadora de 48 años que perdió su trabajo cuando la mujer a su cargo murió. 

Durante tres años ha estado cuidando a una persona dependiente total con contrato pero con un salario menor al mínimo interprofesional: apenas 850 euros mensuales con las dos pagas subrogadas. Desde el 21 de marzo no tiene trabajo y, aunque solicitó el subsidio extraordinario, sigue sin percibir ni un solo euro. «No consideran que debamos tener derecho a paro», se lamenta.