Oficina de la Seguridad Social

Destapan una supuesta orden interna para retrasar los pagos del Ingreso Mínimo Vital

Un trabajador denuncia falta de formación, horas extras sin pagar y directrices para dejar las solicitudes en un limbo

A pesar de la euforia por la puesta en marcha del ingreso mínimo vital, los datos muestra que la ayuda destinada a personas y familias vulnerables en el contexto de la crisis del Coronavirus no está llegando al número de beneficiarios que estaba previsto. El motivo podría estar en una supuesto orden para retrasar los pagos de la renta mínima.

Así lo destapa el periódico La Razón: el método de tramitación de las solicitudes diseñado por el ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, solo dilata el cobro de la prestación para los pocos que pueden acceder a ella. 

De hecho, esto va contra el propio espíritu de la norma, ya que el Gobierno aseguró desde el principio que el objetivo principal era eliminar la burocracia para un acceso más ágil y rápido a  las ayudas dada la situación de urgencia. Pero solicitar el ingreso mínimo se ha convertido en un auténtico calvario para muchos, agravado aún más por la burocracia.

El colapso que generaron las solicitudes de la nueva prestación llevó al ministerio a contratar los servicios de Tragsatec para tramitar la avalancha de peticiones. El contrato preveía la contratación de 500 empleados para atender telefónicamente las peticiones, pero el método está alargando aún más el tiempo para acceder a las ayudas.

Trabajadores de esta compañía confiesan que les hacen clasificar expedientes «Conformes», con toda la información correcta y entregada a tiempo, como «Requeridos». Los empleados recibieron órdenes internas de reducir las nueve clasificaciones iniciales a sólo tres: «Iniciado», «Paralizado» y «Requerido». 

Cuando un expediente llega a «Requerido», se tiene que enviar una carta de requerimiento de información que deja la solicitud en un limbo, a pesar de que muchas veces cuenta con todos los requisitos para recibir el ingreso mínimo vital.

Según las mismas fuentes, este procedimiento no consta en los manuales formativos iniciales sino que se trata de una orden interna, comunicada a los tramitadores por correo electrónico: «Estados que deben aparecer en el checklist Campo Estado Tragsatec: Iniciado, Requerido (tanto si hacemos la carta de requerimiento como si hemos comprobado que la documentación es correcta) y Paralizado». 

Según La Razón, que habló con un empleado obligado a actuar bajo ese procedimiento, no lo hizo por objeción de conciencia y fue despedido. Él mismo reconoce que el ambiente de trabajo era muy autoritario, y plantear alternativas o dudas era visto como una falta de respeto.

Explica que al principio tenían dudas sobre cuestiones como el certificado de empadronamiento que en algunas provincias se pedía y en otras no. «Nuestra superior nos decía que no le viniéramos con dudas existenciales», recuerda, y asegura que todos los trabajadores estaban preocupados y agobiados.

Pero además denuncia falta de experiencia. Revela que la formación consistió en unos vídeos de los jefes de equipo de Tragsatec y un representante de la Seguridad Social donde se daban pequeñas nociones y no quedaban registrados para ser vistos después. «Los jefes de equipo no se enteraban de nada ni contaban con formación específica», asegura. 

Jornadas de 10 y 11 horas

Según cuenta, clasificaban los expedientes, constaban la información con bases de datos no autorizadas a personal funcionario y adjuntaba capturas de pantalla junto al expediente para poder cotejarlo a posteriori. «Nos pedían hacer 10 solicitudes al día, pero tardábamos hasta una hora y media por cada una», explica. 

Por eso las jornadas de siete horas se convertían en 10 o 11 horas. Las horas extras no figuraban y cobraban un sueldo bruto ligeramente superior al salario mínimo, 950 euros. Aunque Tragsa recibió 6,13 para la contratación de los tramitadores, el coste en salarios ronda los 2 millones durante los cuatros meses de contrato.

Desde los sindicatos confirman que les llegan muchas quejas de trabajadores y de la sección sindical en el Instituto Nacional de la Seguridad Social. Todos denuncian que la gestión de los expedientes del ingreso mínimo vital está dejando mucho que desear, por lenta y farragosa.

Por su lado, Tragsa defiende que la clasificación sirve para enviar el expediente a una revisión posterior y control de calidad, pero niegan que esto paralice o ralentice el proceso. La función de Tragsa, según la Seguridad Social, es agilizar la gestión, y la validación siempre queda en manos de los funcionarios de la Seguridad Social.