Ayer jueves, la Fiscalía de Seguridad Vial envió un oficio a las comandancias de las policías de Tráfico con el fin directo de incremental los controles de alcoholemia y la persecución penal de la conducción bajo los efectos del alcohol en todas las vías. Una situación que desencadenaría en una reducción considerable en cuando al número de accidentes y el levantamiento de más atestados. De la misma forma, el oficio lo trasladó con el propósito de potenciar el funcionamiento de los radares de velocidad en carreteras urbanas con la meta de implantar el límite de velocidad a 30 km/h en las calles que cuenten con un único sentido de circulación.
Estas medidas fueron anunciadas públicamente en rueda de prensa el fiscal de Seguridad Vial, Bartolomé Vargas, quien insistió durante el encuentro en que es totalmente esencial el incrementar los controles de velocidad y de alcohol, y no con el fin de que estos sean «recaudatorios», sino «protectores de los buenos conductores».
La meta que tiene prevista alcanzar la Fiscalía no es otra que se levanten más atestados, ya no solo cuando la tasa de 0,6 miligramos de alcohol por litro espirado se supere en las pruebas realizadas por los agentes y que es de obligado cumplimiento por ley, sino también cuando se dé una tasa menor (de entre 0,6 y 0,4) en los casos en que el conductor del vehículo presente claros signos de embriaguez o haya realizado maniobras poco seguras y evidenciadoras de la ingesta de alcohol y por consiguiente, los efectos del mismo a la hora de la conducción.
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Lo cierto es que todos los años se dictan en torno a 1.000 condenas por exceso de velocidad punible y 50.000 por consumo de alcohol al volante. Pese a estas altas cifras, todavía se continúa conduciendo bajo los efectos de esta sustancia, una causa por la que la Fiscalía pide que se aumente la persecución penal en este tipo de delito al volante.
Por otro lado, Vargas sostuvo que esto es necesario, ya que los índices de siniestralidad son alertadores, pues superan actualmente los flujos de tráfico, y así mismo, el 30% de los accidentes de conducción son provocados por un exceso de velocidad. Mientras que el 25% por la ingesta de alcohol. «El fiscal no quiere que haya más condenas, sino que se cumpla la ley», afirmó. No dudó en señalar que la sociedad está saliendo de la «pesadilla» de la pandemia para adentrarse «en la pesadilla de las muertes».
Radares urbanos
Hace apenas unas semanas entró en vigor la limitación de velocidad a 30 km/h en las vías urbanas de sentido único de circulación, una nueva realidad que afectará a entre un 60 y un 70% de las calles españolas.
Esta misma modificación incluida en el Reglamento de Circulación, también establece un límite de velocidad en núcleos urbanos de 20 km/h en carreteras que cuenten con una plataforma única de calzada y acera, y 50 km/h en las que estén formadas por dos o más carriles por sentido.
Igualmente, en el comunicado, el fiscal recordó que la limitación de velocidad no es «una ocurrencia de España», sino una propuesta a nivel internacional que se encuentra unida a un modelo de ciudad en el que pueden convivir coches, ciclistas y peatones.
Además de las sanciones correspondientes, los que sí que es necesario en estos momentos para mejorar las tasas de accidentes y siniestralidad anteriormente citadas, es la concienciación ciudadana, e «indispensable» el incremento de los controles de velocidad, acompañado de las sanciones administrativas, que en todo caso y como sostiene Vargas, estas tienen un efecto de educación y de prevención. «Hay un porcentaje de conducciones urbanas que solo pueden detectarse con el funcionamiento de radares», sostiene la Fiscal.