Isabel Elena Raducanu en el paseo marítimo

El sospechoso de quitar la vida a Isabel, de 36 años y embarazada, ya está en la calle

La Audiencia de Valencia ha desestimado todos los indicios que le apuntaban como autor del crimen

Isabel Elena, una mujer rumana de 36 años y embarazada, fue asesinada el 11 de junio del 2019 en su domicilio en la localidad valenciana de Xàtiva. En marzo del 2020 su novio fue detenido como autor del crimen y un juez ordenó su ingreso en prisión.

Sin embargo, menos de un año después, la Audiencia de Valencia ha decretado su libertad bajo fianza, lo que ha soliviantado y crispado los ánimos de la comunidad de Rumanía que clama que se haga justicia. 

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Los hechos se remontan al verano del 2019, cuando la pareja de la víctima dio la voz de alarma tras supuestamente haberse encontrado a la mujer muerta en la cama cuando regresó del trabajo para comer. El hombre señaló que ella se prostituía y que sospechaba que el agresor había sido alguno de sus clientes. 

Isabel Elena recibió 37 puñaladas en la zona del cuello y debajo de la barbilla. La autopsia determinó que había indicios de que podría haber sido asfixiada, dejándola indefensa, antes de ser agredida con el arma. 

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Sospechoso principal

A pesar de las primeras declaraciones, la mayoría de pruebas apuntaron que el autor del crimen había sido su novio. Los agentes del Grupo de Homicidios de la policía concluyeron que el sospechoso se encontraba en el lugar y a la hora en la que se produjo el asesinato gracias al análisis del posicionamiento de su teléfono móvil y no en su puesto de trabajo como había dicho él previamente. 

La jueza también señaló que habían hallado sus restos genéticos en la zona vaginal de la mujer, lo que indició que ese día mantuvo relaciones sexuales con ella pese a que él lo había negado.

Además, las autoridades encontraron cuchillos con restos de sangre en el fregadero de la cocina, algo que justificó diciendo que se había lavado las manos tras encontrar a su pareja muerta. 

Según los datos que encontró la policía en el móvil, la relación que mantenían ambos no era como J. V. A. N., como ha sido identificado el autor del crimen, había relatado. Discutían constantemente y esto había desencadenado en más de una ocasión que ella fuera agredida por él y obligada a mantener relaciones sexuales. 

Asimismo, una amiga de Isabel Elena destacó que el sospechoso había amenazado previamente con matarla cortándole el cuello si ella le dejaba. 

Todo esto, sumado a las búsquedas previas al crimen que la pareja de la víctima había hecho en internet, le posicionaron como el principal sospechoso del asesinato. 

J. V. A. N. fue detenido en marzo del 2020 y encerrado en la cárcel, donde ha permanecido hasta este mes de febrero, cuando ha salido con libertad bajo fianza.

La Audiencia de Valencia desestima todos los indicios

La Audiencia de Valencia ha desestimado todos los indicios que apuntaban que fue la pareja de la víctima quien cometió el asesinato. Han cuestionado el resultado de la investigación policial y han remarcado que hay tres compañeros de trabajo del imputado que dijeron que le habían visto en la empresa en el momento en el que se cometió asesinato.

Ante esto, la acusación particular ha demandado que se practique un contraperitaje de localización del móvil del implicado, pero esta petición ha sido rechazada por la justicia. 

El tribunal ha resaltado que los indicios de criminalidad existentes son bastantes para mantener la imputación del relato fáctico, con apariencia de delito de asesinato, pero otra cosa distinta es que se cumplan los requisitos que justifican la prisión. 

La acusación particular ha subrayado que, a su entender, no ha evaluado todos los elementos inculpatorios y que solo se ha ceñido al peritaje de la defensa.

A pesar de que hay pruebas que incriminan a la pareja de Isabel Elena de haber cometido otros delitos, e indicios de haber cometido el asesinato, la Audiencia de Valencia ha decretado la libertad bajo fianza para J. V. A. N. y esto ha supuesto que se crispen los ánimos de la comunidad rumana, que reclaman que se haga justicia. 

Algunos de los miembros incluso han apuntado que este caso ha sido tratado de forma discriminatoria por la nacionalidad de la víctima y han señalado que si la fallecida hubiera sido una mujer española se habría llevado de otra forma.