Parece que en esta crisis el Gobierno va de problema en problema. Después de casos como el de la compra de test falsos o la falta de material de protección para el personal sanitario, el Gobierno de Pedro Sánchez se enfrenta a una querella criminal que interpone la Confederación Estatal de Sindicatos de Médicos (CESM) por la compra de mascarillas «fake».
La agrupación de sindicatos médicos ha presentado ante el Tribunal Supremo una querella criminal contra el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y otros miembros de su equipo, por cometer una «negligencia» al suministrar material de protección no homologado y poner en riesgo la salud de los sanitarios que trabajan en primera línea de la lucha contra el Coronavirus.
No es la primera vez que el sindicato de médicos entran en escena durante la crisis, ya que la misma agrupación se dirigió en varias ocasiones al Supremo para pedir el suministro por vía de urgencia de material sanitario, pero ahora dan un paso más y presentan una querella contra el Gobierno como ya hizo en su momento el sindicato de enfermeras y enfermeros ante la OMS.
En este caso, el CESM acusa al ministerio de Sanidad de un delito contra los derechos de los trabajadores con base en los artículos 136 y 137 del Código Penal, y específica que lo hace contra el ministro de Sanidad y sus corresponsables por la compra de mascarillas defectuosas.
En la denuncia se puede leer lo siguiente: «La distribución desde el ministerio de Sanidad de una gran partida de mascarillas FPP2 de la marca Garry Galaxy, modelo N95, a distintos Servicios de Salud de nuestro Sistema Nacional de Salud, ha sido la gota que ha colmado el vaso». Esto, según el CESM, «pone bajo sospecha la gestión que se ha hecho de este tema por parte del Ministerio», ya que «se ha agravado después por la aparición de otras partidas de elementos de protección que tampoco están homologados».
El Gobierno ordenó a finales de la semana pasada la retirada de 350.000 mascarillas defectuosas que se habían repartido a las comunidades autónomas y que después de algunos análisis se descubrió que no cumplían los criterios de seguridad para proteger a los profesionales. La polémica sigue creciendo y algunas fuentes apuntan ahora que se podría haber pagado hasta tres veces más por las mascarillas «fake».
El sindicato de médicos denuncia la preocupación por la mala gestión de la emergencia sanitaria por parte de las autoridades, y exige soluciones inmediatas e información clara por parte de la administración. Según datos oficiales, más de 34.000 sanitarios han sido contagiados durante la crisis del Coronavirus, siendo también España uno de los países donde más sanitarios mueren.
La agrupación de sindicatos médicos recuerda que miles de sanitarios utilizaron estas mascarillas defectuosas con el convencimiento absoluto de su idoneidad y en la buena fe que presume el Gobierno. Estos hechos agravan lo que consideran una pésima gestión de la crisis por parte del Gobierno, como demuestran los últimos datos sobre contagiados, más de 213.000, y fallecidos, más de 22.000.