Viales con la vacuna del Covid-19

La justicia se moja sobre la vacunación obligatoria

Una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos considera que es necesario en una sociedad democrática

En España, casi 3 millones de personas ya se han puesto las dos dosis de la vacuna contra el coronavirus, y otro millón más ha recibido la primera. La campaña de vacunación sigue su curso con la esperanza de acelerar el ritmo en los próximos meses gracias a la llegada de nuevas dosis y nuevas vacunas.

Pero la aparición de reacciones adversas no deseadas, algunas con resultado de muerte, han abierto una crisis que merma la confianza de los ciudadanos hacia las vacunas. El gran temor del Gobierno es que a partir de ahora, muchas personas que estaban convencidas se lo piensen dos veces antes de ponerse la vacuna.

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A fecha de hoy, la vacunación en España es voluntaria y nadie puede obligar a una persona a ponerse la vacuna en contra de su voluntad. Por eso las autoridades sanitarias están haciendo énfasis en la seguridad y la eficacia de las vacunas, para convencer a la población de la necesidad de vacunarse y protegerse a uno mismo y a los demás.

La obligatoriedad de la vacuna contra el coronavirus ha sido un debate abierto desde el principio de la campaña de vacunación. Ahora, una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) establece que la vacunación obligatoria es «necesaria en una sociedad democrática» y abre la puerta para su aprobación.

La sentencia ha sido dictada por jueces del alto tribunal europeo en respuesta a la denuncia de un ciudadano polaco, al cual le denegaron la solicitud de ingreso de su hijo en una guardería por no estar vacunado. La decisión judicial ampara la posibilidad de una vacunación obligatoria «con condiciones, en la actual epidemia de Covid-19».

En España siguen rigiendo la ley de bases de sanidad nacional y la ley orgánica de medidas especiales, que amparan la vacunación obligatoria en casos excepcionales. El Gobierno de España tiene mecanismos legales para hacerlo, pero ante la polémica que genera esta cuestión prefirió mantenerlo como una acción voluntaria.

Derecho a la vida y protección de la salud

De hecho, los expertos del ámbito médico advierten que imponer la obligatoriedad de la vacuna podría llegar a ser contraproducente. Pero tanto la Declaración Universal de Derechos Humanos como el Convenio Europeo de Derechos Humanos y la constitución de la Organización Mundial de la Salud (OMS) prevén el derecho a la vida y la integridad física, así como la protección de la salud. 

Amparado en estos ejemplos, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos considera que la vacunación obligatoria es «necesaria en una sociedad democrática» para preservar el derecho a la vida y a la salud. El tribunal parte de la idea de que, en un contexto excepcional de amenaza para la salud de las personas, se pueden adoptar mecanismos excepcionales que beneficien al común de la población.

En España, el derecho a la vida y a la integridad física se recoge en el título primero de la Constitución. Según el artículo 43, los poderes públicos tienen la competencia para organizar y proteger la salud pública a través de medidas preventivas y las prestaciones y los servicios necesarios. Los precedentes en nuestro país son claros, ya que se estableció la vacunación obligatoria en el caso de la difteria, la viruela y otras infecciones.

Problemas con la vacuna actual

Claro que una cosa es la teoría, y otra la práctica. En el contexto de excepcionalidad en el que nos encontramos, la peor pandemia en mucho tiempo, el Gobierno podría decretar la obligatoriedad de la vacuna. Pero los gobiernos son conscientes del rechazo que genera la vacuna en amplios sectores de la sociedad y, además, la urgencia ha llevado a acelerar los plazos y esto aumenta las sospechas.

El movimiento antivacunación es un poderoso lobby que extiende el pánico a través de las redes sociales. Es un sector minoritario de la sociedad, pero ejerce una gran influencia. El Gobierno trata de combatir las teorías de la conspiración, y cree que la voluntariedad de la vacunación es la mejor forma para convencer a la gente de que es segura.

Por otro lado, la aparición de efectos adversos no deseados con resultado de muerte ha abierto una crisis en torno a la vacunación. El Gobierno defiende que se trata de casos aislados y confía en los protocolos del sistema de farmacovigilancia. Pero al mismo tiempo es consciente de que si estos casos se produjeran siendo la vacunación obligatoria, el escándalo sería mayúsculo y por eso prefiere curarse en salud.