El gobierno de Canarias acudió al Supremo después de que el Tribunal Superior de Justicia de la región se negase a avalar la solicitud de mantener el cierre perimetral y el toque de queda en las islas situadas en los niveles de alerta 3 y 4.
Ángel Víctor Torres, el presidente de la autonomía, presentó este recurso el pasado jueves, 13 de mayo, contra la eliminación de las limitaciones de movilidad porque entiende que esta medida junto con la restricción de los grupos son esenciales para controlar la epidemia.
A pesar de haber presentado el deseo de la comunidad de mantener el cierre perimetral, no se han posicionado en contra de la eliminación del toque de queda.
Ahora será el Tribunal Supremo el que deberá tomar una decisión al respecto que no solo afectará a las Islas Canarias, sino que, además, será la primera restricción en la que se deberá unificar un criterio general para el resto de las autonomías españolas.
El Tribunal Supremo tendrá 5 días para resolver el recurso
Ángel Víctor Torres presentó el recurso y lo primero que hizo el alto tribunal fue dar el traslado de forma inmediata a la Fiscalía para alegaciones, según el decreto aprobado por el gobierno días antes de que finalizara el estado de alarma y que daba la última palabra al Supremo para unificar una posición común para todas las comunidades autónomas.
La Fiscalía de Canarias aprobó el cierre perimetral de las islas y para ello contaron con el apoyo de varios magistrados del Tribunal Superior de Justicia de la autonomía.
Sin embargo, deberán esperar a ver cuál es la decisión final del Supremo para poder llevar a cabo el cierre perimetral.
Este Tribunal dispondrá de un máximo de cinco días hábiles para resolver directamente el recurso una vez que la Fiscalía remita su informe a la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso.
Esta será la primera decisión que tomará el Supremo respecto a las restricciones contra el coronavirus tras el final del estado de alarma.
Distintas medidas restrictivas
A pesar de que parecía que serían muchas las comunidades autónomas que solicitarían recursos para poder implantar nuevas medidas, por el momento Canarias ha sido la única autonomía que lo ha pedido.
Aunque no ha habido uniformidad cuando han entrado a hablar sobre aquellas restricciones que limitan o restringen los derechos fundamentales, en líneas generales los altos tribunales de Valencia, Navarra, Cataluña, Valencia, Madrid, Baleares, Extremadura, Andalucía, Galicia, Canarias, Castilla La-Mancha y Murcia han avalado las resoluciones que han implantado los gobiernos autonómicos.
Canarias, por otra parte, ha expresado su rechazo de mantener el cierre perimetral en todo su territorio, así como también lo ha hecho el País Vasco.
Los jueces de las islas han señalado que no pueden avalar las limitaciones de entrada y salida que ha ordenado el gobierno regional ante las imprecisiones porque entienden que el régimen jurídico establecido por Ángel Víctor Torres es discriminatorio.
Los jueces del País Vasco han subrayado que su «actual ordenamiento jurídico no permite que las comunidades autónomas puedan acordar, fuera del estado de alarma, medidas restrictivas de derechos fundamentales con carácter general no individualizado».
Aunque esta autonomía no lo permite, esto es algo que sí ha sucedido en otros lugares de España. Otros tribunales autonómicos sí que han avalado los cierres perimetrales aunque lo han hecho por municipios. Este ha sido el caso, por ejemplo, de Galicia y de Extremadura.
En Andalucía el Tribunal Superior ha autorizado en cuatro localidades las limitaciones de entrada y de salida de los ciudadanos, pero lo ha denegado en Montefrío, Granada, hasta en dos ocasiones.