El Ministerio de Sanidad exigirá a las comunidades autónomas que puedan tener preparadas en el plazo de cinco días entre 1,5 y 2 camas en Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y entre 37 y 40 camas de enfermos agudos por cada por 10.000 habitantes, si se produjera un rebrote de coronavirus.
Este es uno de los criterios obligatorios por parte de las comunidades autónomas para que el Gobierno valore sus propuestas para avanzar en las fases de desescalada y que viene recogido en una orden ministerial publicada este domingo 3 de mayo en el BOE.
Dicha orden regula el procedimiento a seguir para la elaboración, remisión y tramitación por las comunidades autónomas y ciudades autónomas de propuestas de desescalada según las medidas establecidas en la declaración del estado de alarma.
Sanidad recomienda que se mantenga el número de sanitarios en la desescalada
«Uno de los criterios es que puedan acreditar que en un plazo máximo de cinco días se está en condición de garantizar que hay una capacidad de UCI que se puede poner en marcha en un plazo de 15 días por si hubiera un rebrote», ha apuntado el ministro de Sanidad, Salvador Illa, durante su comparecencia en la rueda de prensa posterior a la reunión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con los presidentes autonómicos.
El ministro de Sanidad ha recomendado que las comunidades autónomas sigan con el mismo número de profesionales sanitarios durante la desescalada y que se refuercen los servicios de atención primaria, ya que «van a tener un papel clave». Tras recibir las propuestas de las comunidades, el Ministerio de Sanidad las estudiará conjuntamente con la comunidad o ciudad autónoma en cuestión, con el criterio asimismo de los ministerios competentes.
Las propuestas de las comunidades autónomas, hasta el 6 de mayo
Las comunidades autónomas deberán enviar sus propuestas al Ministerio de Sanidad, a través de la Secretaría General de Sanidad antes del 6 de mayo a las 14:00 horas, y las sucesivas propuestas, al menos, con una semana de antelación a la fecha propuesta para su aprobación.
Las propuestas deben contar con un análisis introductorio, la descripción de las medidas de desescalada a adoptar y las fechas tentativas para su entrada en vigor. Además, es necesario que incluyan un análisis de las capacidades estratégicas disponibles en el sistema sanitario, de la situación y evolución epidemiológica esperada en el territorio y de los mecanismos para disminuir el riesgo de contagio en la población.