A día de hoy, son casi 300.000 personas las que viven confinadas en Lleida y Lugo; unas 80.000 están en la fase 2 en Aragón y dos edificios, uno en Santander y otro en Albacete, están aislados por el coronavirus. Sanidad desea que haya uniformidad en las medidas en los confinamientos.
Se calcula que existen medio centenar de brotes bajo vigilancia repartidos prácticamente por todo el país. Solo se libran por ahora de nuevos contagios Asturias y La Rioja. Por ello, el Gobierno propone elevar las multas hasta los 600 euros por incumplir las restricciones que se están llevando a cabo en esas zonas concretas.
El Gobierno quiere que las comunidades autónomas gestionen estos nuevos brotes. Pero las medidas a tomar dependen de muchas variables. No hay un número mínimo de casos para decidir un confinamiento, tampoco está tasada el área que es necesario acotar y todo ha quedado en manos de lo que los expertos en salud pública consideren necesario para contener al virus.
Se reforzará la vigilancia policial para imponer el uso obligatorio de la mascarilla
Los Gobiernos autonómicos son los que deciden qué medidas toman, cuándo y dónde. Según la información del ‘Confidencial Digital’ por fuentes próximas al ministerio de Sanidad, pese a que la gestión corresponde a las autonomías, el Ministerio considera conveniente buscar ciertas medidas comunes. Estas se aplicarían en las poblaciones donde se tome la decisión de confinar de forma selectiva para frenar la transmisión del virus.
Entre las medidas planteadas están el refuerzo de la vigilancia policial para imponer el uso obligatorio de la mascarilla. Esta medida se implantaría en terrazas y lugares de ocio de gran afluencia, como se ha hecho en el confinamiento de A Mariña en Galicia.