Durante la crisis sanitaria producida por el coronavirus, han fallecido en nuestro país aproximadamente 19.500 personas mayores que vivían en residencias a causa del virus. Este número representa que el 72% del total de los fallecimientos producidos en España por Covid-19 ha ocurrido en centros de mayores, por lo que son las que tienen una cifra mayor de mortalidad en Europa.
Según los datos aportados por otros países del continente, ninguno tiene registros tan abultados en cuanto a fallecimientos en residencias. Alemania ha sufrido el 35% de los fallecimientos por coronavirus en sus residencias, Inglaterra y Gales tienen un 16%, Bélgica un 55% y Portugal un 40%.
Tan solo Italia, que ha sufrido un efecto tan dañino como España aproximadamente, se acerca a la cifra, aunque los registros que están ofreciendo desde el gobierno italiano están en duda, pues los resultados no son solventes. Los principales problemas que hemos tenido en común con los italianos han sido la falta de materiales de protección y de sanitarios, así como la falta de infraestructura y la poca capacidad de traslado de pacientes mayores a los hospitales.
AGE, plataforma de asociaciones de gente mayor de los países comunitarios en Europa, lleva semanas quejándose de la situación que han tenido —y continúan teniendo— las residencias y la discriminación que ha sufrido este colectivo por parte de las administraciones.
La situación de las residencias en España
Según los datos oficiales, en Madrid han fallecido el 18% de los residentes a causa del coronavirus. En segundo lugar se encuentra Cataluña, que ha registrado el 9%.
Según un informe de la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica que se hizo a finales del mes de mayo, se señala que las personas que superan los 80 años ha sido el colectivo que más positivos ha registrado, así como el colectivo que más fallecidos ha tenido, el 21%.
Pese a ello, menos de la mitad de las personas mayores contagiadas llegaron a ser trasladadas a un hospital. El resto de personas que fueron diagnosticadas con coronavirus no llegaron a salir de las residencias o fallecieron en sus hogares. Por este motivo ha saltado a la palestra la pregunta sobre cuántas de estas personas no llegaron a pisar un centro médico por cuestiones de discriminación, tal y como apuntan algunos familiares de fallecidos, así como directores de centros geriátricos en España.
Según la Fiscalía, ya son 224 demandas las que se han presentado en relación a las residencias de ancianos. La gran mayoría se han presentado en las dos zonas más afectadas: Madrid y Cataluña.
Desde la Fiscalía de Cataluña se investiga a cuatro centros médicos para tratar de averiguar la causa de que los ancianos en Cataluña no hayan sido trasladados a los hospitales. También tratan de aclarar los criterios utilizados para determinar qué paciente ingresaba en las UCI y qué pacientes no.
«A este paso, en el brote que vendrá en otoño consultaremos cada ingreso con el juez, a ver qué pasa entonces», manifestaba una doctora al medio ‘La Vanguardia’ en tono de broma.
Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, ha estado en el foco a causa de toda la polémica que se ha generado al conocerse que desde su Gobierno en el territorio han existido órdenes políticas en las que no se recomendaba el ingreso hospitalario a según qué pacientes. «Un político no le puede decir a un médico qué paciente ingresa o cuál no», ha llegado a manifestar en alguna ocasión, poniendo en el ojo del huracán a los médicos.
Es por todo esto que existe una guerra entre la administración y las residencias, pese a que en muchas de ellas la gestión depende del sistema público. Pese a ello, se están acondicionando los hospitales y las residencias para tratar de afrontar la presumible segunda oleada de contagios que se va a producir en otoño.