La llegada de la vacuna de Pfizer/BioNTech contra el Covid-19 a nuestro país ha empezado a generar polémicas en la sociedad ante el dilema que presenta para muchas personas: hay quien cree que hay que ponérsela para proteger la salud pública, mientras que hay personas que la rechazan por creer que todavía no es segura o que directamente niegan toda la pandemia.
La última polémica sobre este tema ha llegado de la mano de un centro de día, el Aiton-Etxe de Oiartzun, en Guipúzcoa, que ha decidido unilateralmente que no permitirá que sus usuarios reciban la vacuna al considerar que todavía está en «fase experimental», y que por lo tanto no están comprobados sus efectos.
El centro ha enviado una circular, firmada por la directora, a los familiares de sus usuarios avisando que «se ha decidido no administrar» la vacuna a los mayores, tal como recoge 'elDiario.es'. La directora argumenta que la vacuna todavía está en fase experimental y que ahora mismo «se está experimentando con la población», tal como se especifica en el documento que Pfizer-BioNTech envío a la FDA, la máxima autoridad farmacéutica de los Estados Unidos.
La misiva considera también que cualquier vacuna debe tener entre 4 y 10 años de estudio antes de distribuirla en la población general, y que la actual vacuna de Covid-19 tan solo se ha probado durante unos meses y con personas sanas, por lo que «no hay experiencia suficiente en personas con enfermedades crónicas y pluripatología, como son un alto porcentaje de los usuarios de los centros de día».
El centro de día, que tiene 42 plazas, de las cuales 35 son concertadas por la Diputación de Guipúzcoa, defiende que, actualmente, la relación «beneficio-riesgo» de la vacuna «no está demostrada» y que todavía hay que garantizar que los beneficios superen ampliamente los posibles riesgos que vayan a sufrir los usuarios que se pongan las dosis.
La Diputación ha informado que todavía no tiene conocimiento oficial de la carta, por lo que no han adoptado una posición al respecto, aunque podría decidir actuar si consideran que la decisión tomada por el centro, y sin consultar con los usuarios o sus familiares, pone en riesgo la salud pública. Hay que recordar que la vacuna no es obligatoria en nuestro país, pero la decisión debe recaer sobre el usuario, sus familiares o las propias administraciones, en determinados casos, y no está claro que una residencia pueda prohibir a sus usuarios ponerse la vacuna.
División por la decisión
Esta decisión ha causado división entre los vecinos de la localidad, ya que algunos creen que la directora del centro ha tomado una buena decisión si la vacuna no se ha probado lo suficiente con la población general, pero otros creen que, independientemente de los motivos que el centro alegue, la decisión no puede ser del centro.
Muchas personas creen que los usuarios de las residencias siguen siendo ciudadanos con todos sus derechos, por lo que son ellos quienes deberían decidir si se ponen la vacuna o no. En el caso de que los usuarios no estén en condiciones de decidir, sus familiares deberían poder valorar las distintas opciones, y en el caso de que tampoco hubiera familiar directo al que preguntar, debería ser la propia administración pública quien tomase la determinación de poner o no la vacuna.
Muchos detractores de esta decisión creen que los motivos de la directora del centro no justifican la decisión, principalmente porque ya había prohibido la administración de la vacuna contra la gripe a sus usuarios en otras ocasiones, una vacuna que sí cumple con los requisitos que argumenta para no poner la del Covid-19.
De hecho, en aquel caso fueron los propios residentes los que tuvieron que pedir cita al centro de salud habitual ante la negativa del centro de administrar las vacunas allí. De hecho, esta es la opción que el centro ofrece para los usuarios que quieran ponerse la vacuna de Covid-19: pedirla a su centro de salud habitual.