«Nuestro objetivo es asegurar la sostenibilidad, la suficiencia y la equidad del sistema de pensiones, con cambios que responden estrictamente a las recomendaciones hechas por el Pacto de Toledo». Así presentó ayer el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, la reforma de las pensiones del Gobierno ante el Senado.
Fue una oportunidad más para conocer las intenciones del Gobierno con las pensiones. El ministro presentó un calendario en dos fases y las medidas que se incluirán en la reforma, unas medidas que hacen prever una congelación de las pensiones a la práctica.
Escrivá hizo énfasis en una idea: «Los pensionistas no van a perder poder adquisitivo, niego que vaya a haber un recorte de las pensiones». Pero un análisis detallado de las medidas deja claro que aunque suban las pensiones, nunca podrán hacerlo por encima del índice de precios. Es decir, que el poder adquisitivo de los pensionistas no va a subir.
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El Gobierno ha aprobado una nueva fórmula para revalorizar las pensiones al IPC, es decir, que las prestaciones se calcularán cada año en función de los precios. Esto implica que los pensionistas nunca perderán poder adquisitivo, pero también que nunca se podrán elevar por encima de la subida de precios. Conclusión: aunque suban las pensiones, los pensionistas nunca podrán aumentar su poder adquisitivo.
Con el nuevo sistema, las pensiones se calcularán cada año según la inflación media del mes de diciembre. Si los precios han bajado, como sucedió en 2020, las pensiones no bajarán, pero tampoco aumentará, y la diferencia entre ambas cifras se compensará en los tres años siguientes con una subida moderada. La inflación media en 2020 fue del -0,3%, así que estas tres décimas se prestarán durante los tres años siguientes.
Penalización de la prejubilación
El objetivo del Gobierno es aumentar las pensiones al mismo nivel que la subida anual de los precios, de modo que cuando un trabajador se jubile no pierda capacidad adquisitiva. La acumulación de varios años con los precios en negativo a raíz de la última crisis, hizo que el Gobierno de Mariano Rajoy adoptara un nuevo sistema. Este garantizaba un mínimo del 0,25% en la nómina de los pensionistas, y por lo tanto, el aumento de su poder adquisitivo, que ya no será posible con la nueva reforma.
Pero además, la reforma de las pensiones que prepara el Gobierno de Pedro Sánchez prevé penalizar la jubilación anticipada y elevar los años de cotización para calcular la prestación. Se trata de medidas que contribuirán a una congelación de las pensiones.
Con la intención de acercar la edad media a la edad real de jubilación, el ministerio de Seguridad Social prevé penalizar la jubilación anticipada e incentivar con bonificaciones el retraso de la jubilación. La intención es que en la gran mayoría de los casos, por cada año de menos trabajado se reduzca un 8% en la nómina de las pensiones. Esto ya se encuentra en la actual norma, pero en la mayoría de los casos no se aplica. El Gobierno quiere así endurecer las condiciones para la prejubilación.
Una reforma en dos fases
El plan Escrivá contempla una reforma en dos fases. La primera fase podría ser aprobada después del verano, e incluye el nuevo mecanismo de revalorización de las pensiones y el endurecimiento de la prejubilación. La medida para aumentar las pensiones al mismo nivel que los precios está muy avanzada, y ahora se quiere poner el acelerador en la negociación con los agentes sociales sobre la prejubilación.
La segunda fase de la reforma se podría alargar hasta el segundo semestre de 2022, pero si las negociaciones se atascan podría llegar incluso hasta 2023. Y es que en esta segunda parte se tendrán que tomar las decisiones más polémicas, como la revisión de las carreras de cotización y la base de cálculo de las pensiones.
El Gobierno quiere introducir un mecanismo de equidad intergeneracional que sustituye el factor de sostenibilidad, y adecuar la base máxima de cotización para ajustarla a la pensión máxima. Estas medidas, que generan controversia, se aplazarán hasta 2022.