El Consejo de Ministros ha aprobado por vía de urgencia la tramitación de una ley para bajar el coste de la factura de luz. La idea es trasladar parte de los costes a los operadores de combustible y gas y sufragar otra parte vía impuestos con el objetivo de rebajar un 13% la factura de la luz en los próximo años.
El pilar de la nueva ley es la creación de un Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico. La medida tendrá que ser debatida por los partidos y los agentes sociales en un anteproyecto de ley impulsado por el ministerio para la Transición Ecológica.
La propuesta de PSOE y Unidas Podemos es sacar de los costes fijos de la factura de la luz los costes relacionados con las renovables, la cogeneración y los residuos. Una parte de estos costes son los 7.000 euros en ayudas a las renovables que se trasladarían a los operadores de carburantes y gas natural. El resto se compensaría en los impuestos.
Los trámites ya están en marcha y la ley podría aprobarse durante la primera mitad de 2021. El nuevo fondo, que se nutrirá de las aportaciones de los operadores energéticos, se hará cargo del 16% de la factura. Otras fuentes de financiación será la recaudación de impuestos, los ingresos de las subastas del CO2, y los presupuestos generales del estado.
Por lo tanto, el coste del recibo de la luz que hasta ahora recaía en los consumidores pasará a estar compartido con operadores de luz y gas y los vendedores de productos petrolíferos y bombonas de gas. El reparto de los gastos liberará unos 5.700 millones de la factura eléctrica, lo que supone una rebaja del 13% en el recibo.
Este es el camino que ya han iniciado otros países europeos como Francia y Alemania con impuestos a combustibles fósiles. Por otro lado, los más afectados serán Repsol, Cepsa y Naturgy, que tendrán que asumir una parte importante de la financiación del nuevo fondo. Las aportaciones serán trimestrales y gestionadas por el IDAE.
Acabar con el déficit
La medida llega tras la aprobación de los presupuestos generales del estado, en los que finalmente no se incluyó la subida del diésel. Fue una de las concesiones del Gobierno de Pedro Sánchez al PNV para que dieran su voto afirmativo a las cuentas.
Con la nueva medida para bajar la factura de la luz conseguiría además acabar con el agujero de 523 millones de euros que notifica la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). La caída de los precios en 2020 por la entrada de las renovables y la caída de la demanda por la crisis supuso un hundimiento de los ingresos tras varios años de superávit.
El ministerio de Transición Ecológica advirtió de la gravedad de la situación y la necesidad de elevar los costes fijos del recibo eléctrico entre un 10 y un 15%, lo que repercutiría en un aumento de la factura del 6,5% anual. La creación del nuevo fondo permitirá así bajar la factura de la luz y enjugar el déficit del sistema.
Transición en cinco años
Pero además, el Gobierno pretende acelerar el proceso de descarbonización que pasa por la electrificación. Liberar los costes del recibo eléctrico y trasladar los gastos a las energías más contaminantes permitirá favorecer las inversiones de los operadores en la transición energética. Según el ministerio, la electricidad en España es de las más caras de Europa.
Para emprender la reforma, el Gobierno establece un plazo de adaptación de cinco años tras los cuales se aumentará al 100% los costes. Por otro lado, introducirá una serie de exenciones fiscales a los sectores más afectados y con menos capacidad de adaptación. Estas exenciones están previstas en los siguientes ámbitos:
- Consumo eléctrico para almacenamiento
- Gasóleo agrícola
- Gas natural para cogeneración y generación eléctrica
- Queroseno para aviación
- Gasóleo para navegación y pesca
- Mezclas de bios en combustibles y gases renovables en gas natural
Según el Gobierno, aún es difícil asegurar en qué medida se reflejarán los costes a los consumidores finales. El plan de recuperación económica ayudará a la transición y, además, se espera que la implantación gradual durante cinco años permitirá a los consumidores adaptar sus pautas de consumo a la nueva situación.
Según el plan inicial, el primer año afectará al 20%, en 2022 al 40%, en 2023 al 60% y en 2025 al 100%. La reducción de los costes fijos en el recibo eléctrico se compensará con otras medidas para combatir la pobreza energética, como el bono energético multicombustible.