El 2 de febrero de 2001, el guardia civil Juan Carlos Sanz tenía la noche libre y salió a tomar unas copas con un compañero. Ambos servían en el cuartel de Intxaurrondo, en San Sebastián, y fueron a Carabanchel. Fue allí donde el joven agente perdió la vida cuando tenía solo 25 años.
Cuando él y su compañero iban a irse a casa, notaron la presencia de cuatro sospechosos dentro de un todoterreno. Se acercaron hacia ellos sin bajar la mirada, y les pidieron que bajaran del coche. Empezó una pelea y Juan Carlos recibió una puñalada en el cuello y un disparo mortal en la cabeza.
Desde entonces, su madre acude todos los días al cementerio para llorar a su hijo mayor y con la esperanza de encontrar al asesino. Durante todo este tiempo, su familia no ha dejado de buscar justicia. Pero la investigación se ha visto siempre frustrada por los obstáculos, y el asesino sigue libre.
El pasado 2 de febrero se cumplieron 20 años del asesinato del guardia civil Juan Carlos Sanz. Aunque el caso ya ha prescrito, la Audiencia de Madrid ha decidido reabrir las investigaciones y ha citado a declarar a los tres sospechosos. “Estamos satisfechos y nerviosos”, dice Óscar Sanz, hermano de la víctima.
Crimen sin castigo hasta ahora
El juez había decidido archivar y cerrar el caso, pero la familia de Juan Carlos ha logrado reabrirlo. Este nuevo movimiento de la justicia impide que el caso prescriba. Mañana, 28 de septiembre, tres personas implicadas en el crimen están citadas a declarar.
Según fuentes policiales, el cuarto sospechoso falleció hace unos años. Ellos cuatro son las personas que aquella noche, presuntamente, estaban en el todoterreno. Ahora, la justicia tendrá que esclarecer qué papel jugaron cada uno de ellos en el crimen y quién ejecutó el tiro mortal que acabó con Juan Carlos.
En la misma pelea, el compañero de Juan Carlos resultó herido de gravedad aunque pudo salvar la vida. Sin embargo, ni su testimonio ni las pruebas recabadas durante tantos años han servido para poner al asesino frente a la justicia. Han tenido que pasar 20 años, con el caso ya resuelto, para hacerlo.
De hecho, el padre de la víctima mortal murió 14 años después del crimen sin haber conseguido saber quien mató a su hijo. Él también estuvo recabando pruebas, investigando por su cuenta, pero todo fue en vano. Después de muchos años y errores en la investigación, han conseguido reconstruir los hechos.
Reconstrucción de los hechos
Juan Carlos Sanz Cancelas tenía 25 años y estaba destinado como guardia civil en el cuartel de Intxaurrondo. Su compañero, Juan Manuel, estaba destinado en Eibar. La noche del 2 al 3 de febrero de 2001, ambos decidieron tomar algo en Carabanchel y acabaron la noche de madrugada en la calle Pinzón.
A las 4 de la mañana, ambos guardias civiles divisaron un Nissan Patrol verde con cuatro personas dentro. Los ocupantes eran delincuentes comunes que se estaban liando un porro mientras miraban desafiantes a los dos agentes. Tras iniciarse una pelea, dos de ellos bajaron del coche con un cuchillo y una cadena.
Juan Carlos desenfundó su arma reglamentaria, pero uno de los delincuentes se la arrebató y le descerrajó un tiro en la cabeza. El guardia civil murió en el acto, mientras su compañero era apuñalado por los demás. Al cabo de unas horas, los familiares del difunto recibieron una llamada a casa informando de la tragedia.
Inicialmente pensaron que podía tratarse de un acto terrorista, pero pronto lo descartaron y comenzaron a barajar la idea del crimen. Los padres de Juan Carlos recorrían todos los días los cuatro kilómetros que les separaban del cementerio, mientras luchaban por una justicia que nunca han logrado hasta ahora.
Investigación llena de errores
La investigación nunca ha dado sus frutos, y la policía señala directamente al titular del juzgado de instrucción, Ramiro García de Dios. Desconfiado por naturaleza, este magistrado no autorizó registros ni escuchas, y archivó el caso el 28 de mayo de 2009. Así permaneció durante diez años, cuando apareció un testigo clave.
En febrero de 2019, un individuo reveló los detalles del crimen y dio el nombre del asesino. El testigo protegido señaló como responsables a cuatro delincuentes comunes, dos de ellos hermanos y uno fallecido por las drogas. El cuarto era un amigo del grupo, aficionado a los robos en aquella época.
El testigo contó incluso dónde escondieron las dos pistolas que habían arrebatado a los agentes, pero el juez denegó la reapertura del caso. Había más pruebas, como huellas dactilares y el Nissan verde, pero fue insuficiente para el juez. Fue entonces cuando la policía decidió tomar la iniciativa y hablar con los sospechosos.
Los tres se echaron la culpa unos a otros, pero uno dijo que contaría lo sucedido si el juez lo citaba a declarar. Mañana, 28 de septiembre de 2021, tendrá la oportunidad de hacerlo y saldar cuentas con su pasado. Está rehabilitado, tiene familia y trabajo, y asegura estar muy arrepentido de lo que sucedió.