Mariano Rajoy, expresidente del Gobierno.

Rajoy, pendiente de Bárcenas: ¿Puede terminar en la cárcel por sus confesiones?

La prescripción de algunos supuestos delitos y la falta de pruebas impide, por ahora, que el caso salpique directamente al expresidente del Gobierno

Tras semanas de imprevistos y de atrasos derivados de la situación de pandemia y de la agenda judicial, este lunes la semana arrancaba de forma muy interesante. La Audiencia Nacional iniciaba las sesiones ordinarias del juicio a Luis Bárcenas, extesorero del PP, por la supuesta caja B del partido, también conocido como 'el juicio por los papeles de Bárcenas'. En las sesiones que tendrán lugar en las próximas semanas, deberá aclararse si el Partido Popular se financió de forma irregular y si, efectivamente, las obras de la sede nacional del partido, ubicadas en el número 13 de la céntrica calle Génova de Madrid, se pagaron con dinero negro.

Bárcenas, en el punto de mira y dispuesto a colaborar con la Justicia

Hace unas semanas, justo antes del inicio del proceso judicial, Luis Bárcenas trasladó a la Fiscalía Anticorrupción un escrito en el que aseguraba que el PP se financió ilegalmente entre los años 1982 y 2009, a través de donaciones recibidas a cambio de la adjudicación de contratos públicos. Bárcenas se sienta en el banquillo de los acusados, pero cabe recordar que ya se encuentra cumpliendo una condena de 29 años de cárcel por el caso Gürtel.

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Además de quien fuera gerente y tesorero del PP entre los años 1990 y 2009, también están acusados en el juicio iniciado el lunes el exadjunto al gerente nacional del partido, Cristóbal Páez; y por parte de la empresa Unifica, sus administradores Gonzalo Urquijo y Belén García y su directora de proyectos, Laura Montero, por el presunto cobro de la obra de Génova en dinero 'B'. También el PP y Unifica están acusados en el juicio como responsables civiles subsidiarios de lo sucedido.

Es evidente que buena parte de la atención del juicio está centrada en los detalles que Luis Bárcenas dé ante el tribunal: hace semanas ya se mostró dispuesto a colaborar con la Justicia, argumentando que su esposa, Rosalía Iglesias, se encuentra en prisión. Y es que a Bárcenas se le prometió que su cónyuge no cumpliría penas de cárcel si el extesorero del PP se ahorraba algunos de los detalles de los que es conocedor de las supuestas actividades delictivas dentro de la formación. Viendo incumplido el pacto al que llegó, Bárcenas hizo llegar un escrito a la Fiscalía Anticorrupción con las mencionadas confesiones y con su entera disposición a colaborar con la Justicia.

Un cambio de estrategia que cogió por sorpresa a todo el mundo, pero que si a alguien incomodó fue a las respectivas cúpulas de la formación durante los años de gerencia de Luis Bárcenas. José María Aznar y, en mayor medida, a Mariano Rajoy. Este mismo lunes, Luis Bárcenas corroboró que quien fuera presidente del Gobierno entre 2011 i 2018 también percibió sobresueldos en negro. Hasta ahora, Rajoy tan solo había reconocido el cobro de sobresueldos legales en los años 90. Fue antes de ser ministro de Administraciones Públicas en el primer gobierno de Aznar, en 1996. Según Rajoy, el cobro de «complementos de sueldo» fue del todo regular y los declaró debidamente a Hacienda, dejando de percibirlos una vez fue nombrado ministro —no podría hacerlo porque incumpliría el régimen de incompatibilidades de los miembros del Gobierno.

Rajoy y la cúpula del PP, lejos de posibles consecuencias penales... por ahora

Pero Luis Bárcenas va más allá y asegura que Rajoy, entre muchos otros dirigentes populares, siguió cobrando sobresueldos en negro. El último, en 2010, cuando llegó la última donación a la caja B del partido, ya entrada la crisis económica: un ingreso de 50.000 euros en negro, que procedía del PP de Pontevedra, y que entregó en dos sobres de 25.000 euros cada uno al presidente de la formación, Mariano Rajoy, y a la secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal. Los papeles de Bárcenas también reflejan pagos por un total de hasta quince millones de pesetas a Rajoy entre los años 1997 y 1999, siendo ya ministro.

Pero todo ello, ¿constituye un verdadero peligro penal para el expresidente del Gobierno? Lo cierto es que hasta ahora no. Los pagos sobre los cuales puede haber pruebas, como los que se registran en los famosos papeles de Luis Bárcenas, pertenecerían a ejercicios ya prescritos, de forma que la posible comisión de un delito de fraude fiscal y cohecho por parte de la cúpula del partido no supondría consecuencias penales. Además, aunque no hubieran ya prescrito, debería demostrarse efectivamente la comisión del delito —del cobro efectivo del dinero—, algo verdaderamente complicado tratándose de efectivo en B sin un registro fehaciente más allá de unos papeles de Bárcenas que podrían no contar con valor probatorio.

Así las cosas, parece verdaderamente complicado que se demuestre jurídicamente la implicación de Rajoy y varios dirigentes nacionales del PP en los delitos derivados de la financiación irregular del partido. Hoy por hoy, con los datos encima de la mesa, la posibilidad de una condena al expresidente del Gobierno y a sus colaboradores es lejana, aunque cabe no descartarla en el caso de que aparezcan nuevas informaciones con las respectivas pruebas que permitan demostrar ante el juez que Rajoy era consciente de las irregularidades del partido y, más aún, que participó de ellas. Pero la falta de consecuencias penales no implica la ausencia de consecuencias políticas: Pablo Casado ya ha comenzado a distanciarse del pasado del partido y prevé dejar atrás la sede de Génova, en el punto de mira durante las próximas semanas en la Audiencia Nacional.